Durante los primeros 10 meses de 2017, la Contraloría del Ejecutivo, ha aplicado inhabilitaciones y amonestaciones administrativas a funcionarios de las Secretarías de Salud (SESA), Educación Pública, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por incurrir en malas prácticas en su responsabilidad, informó la titular de la dependencia local, María Marisela Escobar Sánchez, aunque no especificó el número de casos.
En entrevista, posterior a la entrega de la novena edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2017 en su etapa estatal, ahondó que esto es producto de una serie de investigaciones que han llevado al proceso jurídico.
“Hemos hecho algunas inhabilitaciones y amonestaciones que, obviamente es un proceso que no se tiene de un día para otro, es un proceso jurídico donde el que está en esta situación puede aportar pruebas y desvirtuar los hechos, si hemos hecho algunas porque no solventaron adecuadamente las observaciones que se hicieron en su momento”, indicó.
La funcionaria local, aceptó que este ha sido un procedimiento jurídico complejo, mismo que inicia desde el momento en que es ratificada la queja por parte del ciudadano, además de que se deben agotar las etapas de presentación de pruebas para no incurrir en alguna objeción e injusticia, aunque los casos no han sido de funcionarios de primer nivel, justificó.
Dijo que no todas las quejas proceden, debido a que deben ratificadas por los ciudadanos y algunos casos no es así, “en algunas ocasiones, la persona que presenta la queja no acude a ratificarla”.
Esto es entre un cinco y 10 por ciento y para iniciar un proceso de responsabilidad administrativa es necesario que la sostenga, pues dijo, “sería irresponsable iniciar un procedimiento cuando no hay elementos que le den validez”.
Sobre la declaración tres de tres de los funcionarios de primer nivel, que en algunos casos presentaron inconsistencias en su información, dijo que estas fueron solventadas.
