Ante la negativa del ayuntamiento de Apizaco y del gobierno estatal de expedir los permisos para la instalación de una estación de servicio, empresarios gasolineros han promovido un amparo reveló la presidente de la asociación Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán.
En entrevista, informó que con antelación se había autorizado el estudio de prefactibilidad, sin embargo, las nuevas administraciones estatal y municipal están deteniendo una inversión de 20 millones de pesos y la generación de 25 empleos directos y 20 indirectos, esto provocado por la exdiputada María Antonieta Stankiewicz Ramírez, quien ha organizado a los vecinos para evitar la instalación con el argumento de que es una bomba de tiempo, sin que presente prueba alguna.
La representante de los empresarios detalló que el alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía se ha negado a recibirlos y en la reunión que sostuvo este martes con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vargas González, “no fue lo que esperaba”, de modo que al cumplir con los requisitos que establece la ley, los empresarios promovieron un amparo para que sea un juez el que determine si el proyecto cumple con todos los requerimientos de ley.
Jiménez Almazan, lamentó que la autoridad estatal no entienda los procedimientos para la ubicación de una gasolinera, por ello, dijo que “ya se promovió el amparo, no obstante que hemos intentado, a través del razonamiento civilizado, resolver la situación, porque es una inversión que está detenida. No percibo interés del titular de la Sedeco para intervenir de manera directa y poner orden, el funcionario piensa que es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la que debe resolver esto, pero ya se le aclaró que la CRE no tiene nada que ver con los permisos que son facultades exclusivas del estado y municipio”.
Explicó que solicitaron una audiencia con el gobernador Marco Mena, pero no los recibió y, en su lugar, canalizó a los empresarios con el titular de la Sedeco, quienes “no saben quién otorga los permisos y equivocan la información”.
Ahondó que los inversionistas compraron un predio para instalar una mini estación de servicio una vez que el ayuntamiento de Apizaco, en la administración anterior, otorgó el permiso de prefactibilidad, pero ahora que se requirió el permiso al gobierno que encabeza Julio César Hernández Mejía, el alcalde lo ha negado con el argumento de evitar un conflicto social, pero no se apega a la ley.
Incluso dijo que la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) también se ha negado a otorgar el permiso por el mismo argumento del alcalde, por lo que han optado porque sea una autoridad judicial la que determine.
