El síndico del municipio de Acuamanala, Javier Cuatepitzi Corte descartó que los problemas que se suscitaron recientemente en la demarcación, hayan sido producto de intereses económicos por parte de los regidores, como lo informó el diputado local Alberto Amaro Corona.
Es de recordar que la mañana del pasado jueves 7 de diciembre, un grupo de pobladores y de autoridades inconformes por el desempeño del director de obras y la tesorera municipal, tomaron de forma pacífica las instalaciones de la presidencia, sin embargo, la noche de ese mismo día fueron desalojados durante un enfrentamiento violento con personas armadas y presuntamente contratadas por la alcaldesa, Catalina Hernández Águila.
Sin embargo, en días anterior el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del estado, Alberto Amaro Corona aseguró que en realidad el problema se suscitó por intereses económicos de los regidores y presidentes de comunidad, quienes después de aumentarse su salario el 25 por ciento, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) los obligó a regresar ese dinero, y que inclusive se los descontaron vía nómina.
Al respecto, Cuatepitzi Corte opinó “no es así, no entiendo porque lo dice (Amaro Corona), pero la situación no va por ahí, la cuestión es que se trabaje, eso que se comentó no es así, la situación la he comentado como ha sido, y ya llegamos en un acuerdo, y que se vea el desarrollo del municipio, ese es el interés que tenemos” insistió.
Incluso, explicó que en lo que corresponde a los salarios, los municipios son autónomos, por lo que ni el Congreso local ni el OFS tienen injerencia en los que dijo, son cosas internas de los ayuntamientos.
“Por supuesto que tampoco vamos a dañar el recurso de nuestro municipio, si eso fuera ellos decidieran cuanto se va a ganar en todos los municipios, pero no, nosotros somos autónomos y lo decidimos en un Cabildo”, reiteró.
Señalar que en su oportunidad, el diputado local incluso manifestó que las autoridades municipales no se pueden subir el sueldo nada más por su “ocurrencia”, por lo que se les exigió que regresaran el dinero que recibieron de más, desde mayo a octubre del año pasado.
