Los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), Francisco José Morones Servín y José David Cabrera Canales precisaron que la decisión de separar del cargo a Marlene Alonso Meneses como presidenta del Consejo General fue justificada y apegada a derecho.

Asimismo, a más de un año del nombramiento como presidenta de Alonso Meneses por el Congreso del estado, hasta este día denunciaron irregularidades en esa designación por parte del Poder Legislativo.

Precisar que el pasado viernes, durante el desarrollo de una sesión ordinaria del Consejo General del IAIP, Morones Servín propuso cambiar de presidente de dicho órgano colegiado, por lo que fue apoyado por su homólogo Cabrera Canales, y ante un notario público este último fue nombrado nuevo titular.

Durante una rueda de prensa efectuada la mañana de este domingo, el nuevo presidente del IAIP, precisó “la decisión está apegada a derecho, justificada y necesaria, seguramente habrá reacción por parte de la comisionada (Marlene Alonso), ella tiene a salvo sus derechos, para dirigirse a la instancia jurisdicción correspondiente”.

Sin embargo, se contradijo al afirmar que ni ellos mismos saben si lo que hicieron en el pleno del Consejo General del IAIP fue legal o no, por lo que esperarán que la instancia jurisdiccional lo determine.

“No queremos pasar por alto que hubo una designación del Congreso por tres años, en un transitorio, pero ese acuerdo ya cumplió sus fines, ya se ejecutó, ya fue designada por tres años, pero no dice que no son inamovibles, porque si el servidor público no cumple con sus funciones, porque no necesariamente tiene que cumplir los tres años violando la ley, esa modificación depende del máximo órgano de gobierno, que es el pleno, es fundamentado por la autonomía”, agregó Cabrera Canales.

Explicaron que desde el momento en que Marlene Alonso fue designada como presidenta, el Congreso local se extralimitó en sus funciones, debido a que ese nombramiento se tendría que haber realizado al interior del Consejo General previamente instalado, sin embargo, mencionaron que no quisieron impugnar esa decisión por –dijeron- ser institucionales, y que confiaron en que Marlene realizaría un buen trabajo.

Morones Servín justificó que el Congreso del estado, en su momento tampoco especificó si los tres años de la presidenta en el cargo, tendrían que ser consecutivos o no, por lo que con su facultad de interpretar los ordenamientos, los comisionados decisión que no sería así.

Por último, reconocieron que si es facultad del Congreso local iniciar algún Juicio Político en contra de los comisionados que consideren que realizaron faltas graves, y con ello podrían ser destituirlos del cargo.

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