La obsesión (sería difícil calificarla de otra forma) del trinomio Gobierno de la República-PGR-PRI por golpear al candidato del Frente, Ricardo Anaya, pasó su punto culminante con la acusación de lavado de dinero y rápidamente se transforma en una persecución que raya en lo ridículo. Pues si bien está justificada la investigación por el supuesto lavado de dinero del empresario queretano Manuel Barreiro, que habría beneficiado a Anaya con 54 millones de pesos, ahora se ha transformado en una búsqueda de absolutamente todo lo sospechoso que puede haber en la vida del panista.
Primero se criticó su forma de vida, al señalar que con sus percepciones le sería imposible mantener a su familia en Atlanta. No obstante, aunque es lógico que cualquier forma de ostentación es incómoda en un país donde la mitad de los habitantes somos pobres, diríamos que no había delito que perseguir. Luego fue la forma gandallesca en que eliminó a sus adversarios al interior del partido blanquiazul. La lamentable salida de Margarita Zavala si bien no significó un desprendimiento importante, si dejó maltrecha la imagen de Anaya, a quien se tildó de dictador. Pero nuevamente, si el proceso de eliminación interna era criticable y poco claro, legalmente no tenía problema. Decimos lo anterior porque se pudiera haber procedido legalmente y en ningún caso se hizo.
Llegado al punto de las acusaciones de lavado de dinero, la cuestión toma otro giro. Esto dicho porque la información tiene claramente el aspecto de haber surgido de la dependencia investigadora de los delitos. Sin embargo, hasta donde se sabe, no hay una acusación formal contra Anaya. La hay, eso sí, contra Barreiro. De hecho, el manejo de la información ha sido tan defectuoso que se ha difundido la especie de que es Anaya el acusado de lavado de dinero, cuando la “acusación” (cuando exista) iría en el sentido de que él se benefició de las desinteresadas maniobras de Barreiro.
Hasta este manejo errático de los hechos revela la intención de no aclarar nada, de no hacer acusaciones formales, de no proceder legalmente: se trata sólo de golpear al enemigo, de defenestrarlo (no discutimos aquí si existe sustento o no). La grotesca maniobra de la PGR al difundir el video de la presentación de Anaya y Diego Fernández de Cevallos es una prueba palmaria de ello.
Pero la acusación que le hiciera Claudia Ruiz Massieu, respecto a que había plagiado una conferencia, ya raya en lo ridículo. ¿Qué sigue? ¿Descubrirán que copiaba en los exámenes, que pasó materias de la prepa en extraordinario? ¿Qué se fusiló tres libros para hacer su tesis, como Peña Nieto?
Mención aparte merece la declaración de Anaya de que es un honor que el gobierno la acose de esta manera. Pues si tan “honorable” le parece, ¿de qué se queja? Que lo siga disfrutando, porque esto va para largo.
