El director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal A.C., Javier Carrasco Solís expuso ante magistrados del Poder Judicial, su propuesta para realizar “ajustes razonables” al Sistema Penal Acusatorio, con la finalidad de garantizar los derechos humanos, principalmente de la personas con discapacidad.
Lo anterior, durante el desarrollo de una conferencia magistral presidida por el experto, la cual contó con la participación de personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), del gobierno del estado, directivos de universidades e invitados especiales.
Carrasco Solís se centró en las dificultadas a las que se enfrentan las personas con discapacidad cuando participan, ya sea como imputado, víctima o testigo, en una audiencia o juicio oral.
Si bien dijo que las salas de las sedes judiciales cuentan con rampas y espacio necesarios para las personas con discapacidades, eso no las hace completamente adecuadas para ellos, debido a que muchas veces no se cuenta con el personal adecuado para su atención como lo son auxiliares o intérpretes que se rijan con ética.
Asimismo, abundó en el reto que representa el lenguaje, debido a que reconoció que en las distintas audiencias los términos que se utilizan, no son los adecuados para las personas con discapacidades, situación que en muchas veces los aleja de la justicia.
Otro tema preocupante, destacó que es la falta de sensibilidad de peritos, abogados, policías investigadores, facilitadores, agentes, entre otros operadores del Sistema Penal Acusatorio, para conducirse o interactuar con personas con discapacidad.
De ahí que les recordó a los presentes que la función de las autoridades es “proteger el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, además de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación”, esto de acuerdo a tratados internacionales.
Por su parte, el magistrado presidente del TSJE, Héctor Maldonado Bonilla precisó que el tema expuesto por el ponente, sin duda “contribuye a la cultura de la legalidad y garantizar el estado de derecho y en enfoque con las personas con discapacidad, cobra relevancia, es inminente la necesidad de que el sistema se conozca, se perfeccione y consolide ante la ciudadanía”, se comprometió.
