Nuestra tendencia natural ante lo nuevo o desconocido es exagerar, sobredimensionar y convertir en “trascendentes” ciertos hechos que, siendo importantes, no representan el proverbial “golpe de timón” y menos aún el “parteaguas histórico”. Ya se vio que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador no es el apocalipsis zombi que algunos vaticinaron, pero tampoco va a ser una refundación de México y es por lo menos exagerado comparar el triunfo morenista con la Independencia de México, la Reforma juarista o la Revolución Mexicana.
Si se duda de ello, sólo hay que echar un ojo a las doce reformas de ley prioritarias que el presidente electo de México impulsará en esta primera etapa de su mandato. Algunas representan, en efecto, compromisos de campaña, pero su repercusión en la vida pública del país es cuestionable. Por ejemplo, la iniciativa de que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República es necesaria, sobre todo ante los abusos que algunos cabildos, institutos autónomos y cámaras legislativas comenten contra el erario. Es un hecho de justicia, pero si se mide en términos del impacto que pueda tener en los presupuestos de los poderes mencionados, no es trascendente.
No suena mal que el presidente de México pueda ser juzgado por delitos de corrupción y que se suprima el fuero para las autoridades en funciones. Pero ello debe ser antecedido de una reforma que haga más eficiente la procuración de justicia. Lo mismo puede decirse de la propuesta de clasificar como delitos graves la corrupción, el huachicoleo y el fraude electoral. Nunca ha servido de nada incrementar las penas si no se detiene a los culpables.
Otros parecen anuncios efectistas, que pueden sonar bien, pero carecen de profundidad. Reformar la ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa es una forma de decir a los electores que el presidente es un ciudadano como cualquier otro, pero esto no es cierto. Nos guste o no, el presidente necesita un grupo de seguridad propia, acorde al elevado riesgo que implica su investidura.
Hay propuestas que parecen más bien un pago de factura a grupos que impulsaron la candidatura de AMLO. Concretamente, la posible revocación de la llamada Reforma Educativa, que tiene una clara dedicatoria.
Por último, hay iniciativas que pueden ser armas de doble filo. Elevar al grado de ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato puede generar inestabilidad extrema, sobre todo, si se ignoran los fundamentos legales y se emplean argumentos emotivos para decidir las cuestiones de la gobernanza.
La parte medular de las propuestas es, sin duda, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública; aunque es difícil valorarla porque no se han dado a conocer detalles de la misma.
En resumen: es loable que el presidente electo pretenda cumplir lo prometido en campaña. Esta docena de propuestas es una buena aproximación inicial. Pero se requiere perfeccionar las iniciativas e incidir en aspectos clave de la economía y la vida política del país.
