“Una ley injusta, no es ley en absoluto” -Martín Lutero-
Sin duda, México es un claro ejemplo de impunidad en la aplicación de la justicia penal y podríamos decir que, apenas, estamos dando algunos pasos para revertir esa trayectoria negra que ha dejado muy mal parados a gobiernos e instituciones responsables de garantizar justicia en este país.
Hace algunos unos meses Amnistía Internacional envío al gobierno mexicano un informe cuyo título es “México, leyes sin justicia”, en el que se evidenció que en nuestro país, el común denominador en materia de justicia penal, es la prevalencia de torturas, juicios injustos, tratos denigrantes y detenciones arbitrarias. Esto ocurre en las instituciones a nivel federal, pero también en los estados.
El asunto no es menor, y contradice en los hechos, lo que se pregona en los discursos demagógicos de políticos que se jactan de los grandes avances para lograr una adecuada actuación de los responsables de garantizar una aplicación justa de lay para los ciudadanos.
Abismo
El informe destaca la existencia de un abismo entre el marco normativo y lo que los ciudadanos viven cotidianamente al enfrentarse a un inadecuado o corrupto sistema de justicia penal que no garantiza la detención justa para procesar a activistas sociales, políticos o ciudadanos en general.
En muchas ocasiones los detenidos enfrentan periodos que exceden los límites establecidos por la ley; expedientes con pruebas deficientes; falta de acceso a asistencia jurídica o representación adecuada “precisamente en el momento en que corren mayor peligro de sufrir torturas u otros malos tratos para obtener confesiones. Los jueces desestiman o ignoran reiteradamente los informes de torturas, lo que refuerza la impunidad por estas violaciones de derechos humanos” señala textualmente el informe.
Usted disculpe
El pasado fin de semana fuimos testigos de un acontecimiento que seguramente formará parte de los anales de Tlaxcala. Se trata de la disculpa ofrecida por el gobierno de Tlaxcala a siete policías que fueron detenidos hace tres años, en el 2015.
Los policías fueron detenidos y torturados por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuando estaba al frente de ésta Alicia Fragoso. El delito que se les imputó fue el de ser los autores de cuatro secuestros exprés que no pudieron ser probados por las autoridades ya que, las supuestas víctimas, declararon que el secuestro nunca ocurrió.
Las preguntas que saltan en mi cabeza son muchas, y generan incertidumbre y enojo por saber que al igual que estos policías tlaxcaltecas que fueron detenidos, torturados y a quienes les fueron fabricadas pruebas para meterlos tras las rejas, seguramente hay cientos o miles de mexicanos en iguales o peores circunstancias.
Mexicanos a quienes no se les ha hecho justicia y que sirven para elevar las cifras estadísticas de detención de delincuentes que, por la vía legal, no llegan jamás a enfrentar la justicia penal.
Y es que en este país existe una especie de creencia arraigada, que tiene que ver con el que yo denomino “relumbrón”. Los funcionarios disfrutan de jalar reflectores, de brillar y mostrar la inauguración de nuevos hospitales, aunque luego nos enteremos que no cuentan con equipo; de calles o caminos pavimentados, aunque sean de mala calidad; de puentes muy costosos, que luego generan más problemas que beneficios. Lo importante es brillar por un momento y mostrar eficiencia, aunque ésta sea efímera.
Nuevos aires
Sin duda, el que se hayan generado las condiciones para que se reconozca que una administración actuó de forma “inadecuada” por no decir “corrupta”, es un avance significativo para esta administración presidida por Marco Antonio Mena, quien muestra que existe la voluntad política y humana para sacar a luz aquellas acciones que han lesionado terriblemente a la ciudadanía.
Es necesario que se fortalezcan las instituciones a partir de acciones que brinden a las y los tlaxcaltecas la certidumbre de que sus derechos no serán vulnerados y que no existe el peligro latente de convertirse en víctimas de abusos como los cometidos en contra de éstas y estos policías.
A pie de página
Es lamentable lo que ocurrió en Huamantla el pasado fin de semana en donde, de nueva cuenta, los ánimos caldeados, acompañados de la ingesta inmoderada de bebidas embriagantes fueron factores que estuvieron presentes en la gresca ocurrida en un bar ubicado cerca del recinto ferial.
Los hechos ocurrieron, según queda consignado en diversos medios, por una turba enardecida que saqueó e incendió el establecimiento y un auto que se encontraba en el lugar, luego de que elementos de seguridad del bar golpearon a dos individuos.
El asunto es grave, porque no es posible que en tan breve tiempo la bella ciudad de Huamantla se haya colocado en los medios locales e inclusive nacionales mediante este tipo de información que demerita la esencia de una fiesta de gran tradición.
Es urgente que las autoridades municipales se pongan a trabajar y diseñen un protocolo que garantice la seguridad de las personas que asisten a esta ciudad. Pero es importante destacar, que la autoridad no es la única responsable de las situaciones de violencia, y que empresarios, comerciantes y ciudadanos deben asumir lo que les toca.
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