Por si no hubiera sido suficiente la absolución de Elba Esther, ahora surge lo que parece ser el desenlace del caso del exgobernador, Javier Duarte, a quien le pasaron por alto delitos de muy diversa índole que ocurrieron durante su administración en Veracruz, lo más evidente, la malversación y disposición personal de recursos públicos, lo que fue un franco saqueo a las arcas del estado y de los mexicanos en su conjunto.
Proliferaron las noticias acerca del desvío de miles de millones de pesos en el gobierno de Veracruz, acontecimientos que sucedían a la vista de todo el mundo, mientras la información llenaba las páginas de los periódicos acusando a la administración estatal y por ende al jefe del Ejecutivo Javier Duarte de Ochoa, mientras éste seguía ostentando su cargo como si nada pasara y en algunas ocasiones parecía que recibía espaldarazos al más alto nivel.
Es lamentable que este tipo de casos se den en México, da tristeza ver que los cargos públicos se utilicen de forma onerosa dejando atrás su principal fin, que es el servicio público.
A tal nivel llegó el “desvío” de recursos, por decirlo de la forma elegante en que se refieren las autoridades a este hecho, que nunca se sabrá con certeza el monto al que asciende el atraco a las finanzas de ese estado.
Se ha hablado de 1994 millones de pesos que a través de la Dirección General de Comunicación social fueron desviados; 8 mil 146 millones de la Secretaría de Educación Pública; por su parte la Universidad Veracruzana reclamó en su momento 2 mil 483 millones de pesos; se detectaron contratos con empresas fantasma por 3 mil 300 millones de pesos.
Como si cupiera alguna negación, se le han encontrado múltiples propiedades, como un departamento en Madrid, dos inmuebles en Querétaro, 19 propiedades en Miami.
Si hacemos cuentas lo perdido son más de 17 mil millones de pesos, pero a Javier Duarte se le atribuyen 350 millones de pesos de recursos federales y la Fiscalía General de Veracruz le imputa 220 millones de pesos, en total 570 millones de pesos, ¿qué pasó con lo demás, dónde quedó?
Cualesquiera que sean, estas cifras son escandalosas para darlas por perdidas y para que se haya dado el robo desde el más alto grado en el gobierno de Veracruz, siendo la instancia responsable de vigilar los recursos públicos y su correcta ejecución, lo menos que se podría hacer, ya que es del escarnio público, es darle una correcta aplicación de la justicia con todo el peso de la ley a este caso, a fin de no dejar duda de que existen leyes en México. Y si se busca, aún hay más datos, recordemos la lista de personas asesinadas.
Sin embargo, pareciera que el cierre de la administración federal no quiere dejar pendientes, pues el caso de Elba Esther Gordillo también obtuvo una pronta resolución pero no sin dejar rastro.
En mayo de 2017 una magistrada federal canceló el juicio que se le seguía a Gordillo por presunta defraudación fiscal por 2 millones 199 mil pesos (¿?). Unos días antes, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la capital del país le concedió un amparo contra la orden de aprehensión emitida por el delito de defraudación fiscal equiparable.
Cómo es posible, en qué momento fue que los primeros datos dejaron de tener validez, porque se documentó hasta la saciedad en todos los medios de comunicación los fastuosos gastos de la maestra en Estados Unidos, en ropa y cirugías, así como las propiedades que tenía que en nada cuadraban con sus emolumentos oficiales, y después resultó que nada de eso se podía comprobar.
Pues para dejarnos un recuerdo, ahora las autoridades han dictado sentencia a Javier Duarte, después de 17 meses detenido (justicia pronta y expedita), se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recibió una condena de nueve años de prisión. También se le impuso una multa por 58,890 pesos —equivalentes a 990 días— y se le decomisaron 41 propiedades, entre ellas parcelas de Campeche y departamentos en Santa Fe e Ixtapa.
El exgobernador no enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito retirado por la Procuraduría General de la República (PGR), y la decisión de aceptar su culpabilidad permitió que recibiera una sentencia más baja, lo cual nos lleva a suponer la existencia de un pacto, curiosamente a unos días de que concluya su administración Enrique Peña Nieto.
Las declaraciones de políticos y dirigentes priístas de la supuesta distancia que tomaban de todos aquellos actos de corrupción ahora carecen de sentido ante la justicia diferenciada que se imparte en nuestro país, pues aunque la sentencia habla de nueve años, podríamos adelantar que en un par de años, a lo sumo, Duarte podría salir a disfrutar de “su” fortuna.
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