Escrito por: Dr. Kristiano Raccanello
Cada vez existe mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional sobre los beneficios de la educación financiera y su impacto en la sociedad.
La educación financiera es, básicamente, la capacidad de tomar decisiones acertadas en términos económicos o saber dónde buscar información para tales fines, ésta ha sido reconocida como una herramienta indispensable para reducir la exclusión social. Cuando los individuos carecen de estos conocimientos, son más propensos a utilizar servicios financieros más costosos, más riesgosos y ser más fácilmente sujetos a fraudes.
Aunque existan instituciones como la Comisión de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuyo fin es el de proteger a los usuarios de estos servicios, muchas personas las desconocen o no se les acercan para solicitar información o pedir ayuda. No obstante, las instituciones que se dedican a la protección de los usuarios de los servicios financieros revisan casos de cobro de comisiones indebidas sobre inversiones, duplicidad de un pago en una tarjeta de crédito/débito, hipotecas, que son actividades que están contratadas con instituciones financieras formales (por ejemplo: bancos y microfinancieras).
Otra situación ocurre para los préstamos entre individuos ya que no solo las instituciones pueden verse involucradas en algún fraude, también personas cercanas al afectado pudieran aprovechar esta misma cercanía para obtener algún beneficio; evidentemente, son personas en las cuales el afectado tenía confianza, las más cercanas, posiblemente aquellos que se encuentran en el círculo más cercano: sus propios familiares. La literatura advierte que sobre todo los individuos que carecen de educación financiera y que pertenecen a algún grupo vulnerable (los analfabetas, las mujeres, y las personas adultas mayores), son los más sujetos a enfrentar estas desafortunadas experiencias.
La población en México, siguiendo el patrón mundial, está envejeciendo, y la falta de recursos afecta al bienestar de las personas adultas mayores (aquellas con 60 años y más). Esto se debe a que las personas, conforme avanza la edad, dejan paulatinamente de trabajar, a veces por elección propia, a veces porque ya no encuentran empleo.
Un historial de empleo irregular, la incursión a actividades laborales informales y la falta de previsión sobre la vejez durante los años de sus vidas, también contribuyen a un menor ingreso. Esta situación se suma a los problemas de salud y discapacidades que las orillan a depender de sus familiares.
No se puede descartar que la dependencia física también se sume a una dependencia emocional que puede motivar la aceptación de un contrato implícito que involucra aspectos económicos cuando la persona adulta mayor acepta compartir su hogar con otros familiares a cambio de compañía, de ver a los nietos, cediendo parcial o totalmente su pensión para un fondo familiar común con el objetivo de financiar los gastos del hogar.
Es más, las personas adultas mayores que son también padres y madres, en un intento de procurar un mayor bienestar para los hijos (y nietos) frecuentemente donan sus casas y terrenos a través de contratos de compraventa disfrazados a las generaciones venideras, ventas por precios irrisorios – casi a título de gratuidad –, o con todas las facilidades de pago. En fin, ¿cómo cobrarles a los hijos si trabajé toda mi vida para ellos? Este episodio de altruismo, que en el mejor de los casos culmina de forma amorosa hasta que la persona adulta mayor fallezca, también tiene un tan amargo como oculto revés en el cual aparecen situaciones de abandono y abusos, que pueden tipificarse como violencia psicológica y emocional, física y económica.
Si bien el apoyo que proporcionan los adultos mayores a sus descendientes puede ser motivado por aspectos sentimentales, es un hecho de que los abusos financieros en perjuicio de las personas que pertenecen a este grupo etario son principalmente llevados a cabo por los propios familiares, razón por la cual la persona adulta mayor tiende a no denunciar los hechos. Son raros los casos de dominio público, ya sea a través del periódico o en redes sociales; la mayoría son de dominio privado, custodiado con celos por parte de los victimarios e ignorados por parte de aquellos que llegan a tener conocimiento de éstos.
Los fraudes en perjuicio de las personas adultas mayores pueden resumirse en:
* Sustracción de recursos propios (apropiación indebida de ahorros e ingresos pensión) cuando alguna persona o familiar tiene acceso a una tarjeta bancaria y la utiliza para su propio beneficio sin el consentimiento de adulto mayor.
* Traspaso de la propiedad de bienes inmuebles (el familiar falsifica la firma en contratos de compraventa, entre otros).
* Otorgamiento de préstamos (el familiar no reembolsa el monto, a pesar de que en general no se cobren intereses).
* Constitución de aval (la persona adulta mayor es obligada solidaria de los compromisos contraídos por parte de un familiar quien desde un principio no tiene la intención de pagar su obligación, situación que desemboca en que el adulto mayor deba hacerse cargo del pago).
* Inversiones riesgosas (se ocultan a la persona adulta mayor todos o parte de los riesgos de invertir sus recursos).
* Firma de contratos (no se especifican claramente las cláusulas del contrato).
Así, el contrato que la persona adulta mayor aceptó, eventualmente a cambio de poder convivir más tiempo con los nietos, debe ser cuidadosamente evaluado por el interesado debido a que éste pudiera resultar particularmente oneroso. Por supuesto, todo esto pudiera evitarse si los familiares tuvieran mejores intenciones, y si las personas adultas mayores tuvieran acceso a un panorama más amplio, dándose cuenta que no siempre las personas más cercanas son también las de más confianza.
Si bien la educación financiera permite tomar mejores decisiones para el bienestar, los aspectos emocionales enternecidos por relaciones personales constituyen un lente opaco que puede ser reforzado por individuos que, en realidad, tienen otras intenciones y en perjuicio del patrimonio y del bienestar de la persona adulta mayor.
