El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) emitió dos resoluciones y tres recomendaciones en torno a las omisiones en las que han incurrido las autoridades estatales y federales respecto al problema de la contaminación que persiste en la cuenca del Atoyac-Zahuapan.
En rueda de prensa, integrantes del Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., dieron a conocer el dictamen que emitió el tribunal respecto a la contaminación de la cuenca que en un periodo de 15 años le ha quitado la vida a más de 25 mil personas.
Al respecto, Alejandra Méndez Serrano dio detalle de las resoluciones del tribunal, entre las que destacó que esa instancia deploró que las autoridades mexicanas en sus tres niveles de gobierno sigan siendo omisas y negligentes en la resolución del problema de la contaminación.
Asimismo, el mismo TLA responsabilizó al gobierno mexicano que ha orillado al deterioro de la calidad del agua en ríos, cuerpos de agua, y acuíferos con graves impactos en la salud humana, producción de alimentos y conservación de ecosistemas.
Y es que a decir de los integrantes del Centro Fray Julián Garcés, para el caso de Tlaxcala aún no hay voluntad política por integrar un grupo interdisciplinario en el que participen las organizaciones de la sociedad civil que ya en reiteradas ocasiones han propuesto un plan de saneamiento de la cuenca.
Debido a ese panorama, Alejandra Méndez Serrano, directora de la organización, informó que ante la llegada del nuevo gobierno federal, buscarán un acercamiento con las autoridades ambientales para que se establezcan medidas inmediatas para concretar un verdadero saneamiento, que no simulaciones, de la cuenca del Atoyac-Zahuapan.
Además, denunció que si bien el gobierno del Estado ha presumido la llegada de nuevas empresas a la entidad, lo cierto es que los vacíos legales en términos de cuidado ambiental, han promovido que las factorías sigan contaminando pero con mínimas sanciones en su contra.
El Centro Fray Julián Garcés, pretende que el gobierno de Tlaxcala cumpla en todos sus términos con la recomendación 10/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que solicitó a diferentes instancias garantizar el derecho humano a acceder a un medio ambiente saludable.
