La Contralora del Ejecutivo en Tlaxcala, Maricela Escobar Sánchez, informó que al cierre del ejercicio 2018 se mantiene una cifra superior a los 30 casos de funcionarios públicos sancionados por diversos motivos, entre los que hay algunas inhabilitaciones.
En entrevista, la funcionaria estatal destacó que se trata de casos que, en su mayoría, corresponden a situaciones de carácter administrativo, pero no patrimonial.
“Tenemos aproximadamente 39 casos, son procedimientos con los que debemos tener cuidado desde el punto de vista jurídico para no violentar los derechos de la gente que está involucrada en esto, pero también siendo cuidadosos de aplicar la norma que a cada conducta corresponda”.
Al respecto, Escobar Sánchez confirmó que de esos casos existen algunos funcionarios que han sido inhabilitados, aunque evitó detalles sobre la cantidad de servidores públicos que a lo largo del año fueron sancionados en esos términos.
“En ese contexto hemos aplicado las sanciones correspondientes que van desde la suspensión, una amonestación e incluso aplicamos la inhabilitación en los casos que así lo amerite”.
Eso sí, reconoció que el tiempo de la inhabilitación depende de la falta que haya cometido el personal sancionado, aunque puede ir desde algunos meses o bien, varios años.
Incluso, indicó que cuando algún funcionario es sancionado, puede hacer uso de los canales legales que a su juicio pueda abonar a su causa, y revertir el procedimiento jurídico en su contra.
Agregó que los funcionarios que hasta el momento han sido sancionados por la Contraloría del Ejecutivo corresponden a las dependencias de mayor dinamismo y personal de la administración estatal, entre ellas, la Procuraduría General de Justicia, Educación Pública y Salud.
Además, señaló que los motivos por los cuales se han iniciado las sanciones en contra de los servidores públicos se encuentran contenidas en cada uno de los expedientes del procedimiento respectivo.
“Hemos tenido que ir caminando con todos estos procedimientos que la contraloría tiene y que les damos el seguimiento oportuno. Es un procedimiento de tipo administrativo y los involucrados pueden hacer uso de los recursos que la ley prevé”.
