Escrito por: Héctor Cortez Yacila
*Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, A. C.
En la actualidad, la calidad educativa en México no es un asunto que dependa únicamente de un gobernante, de un político o de un funcionario público; ni siquiera de una agrupación política por sí sola. Se trata de una necesidad reconocida por instituciones rectoras de la educación, tanto nacionales como internacionales, así como por especialistas e investigadores renombrados; pero principalmente reconocida por los padres de familia que no ven en sus hijos lo que ellos esperan ver. También esta necesidad está presente como un compromiso adquirido por México ante organismos internacionales, todo lo cual indica que el proceso educativo de calidad no debe detenerse, aunque adopte nuevas formas de acuerdo con los logros parciales que va alcanzando la educación.
Me parece interesante contemplar la calidad educativa como un compromiso adquirido por México ante organismos internacionales, ya que éste puede ser un elemento valioso que garantice un proceso continuo para no abandonarla hasta lograr estándares aceptables. Uno de los primeros compromisos formales a nivel internacional que México asumió en materia de educación, fue en 1990 con la Declaración Mundial de la Educación para Todos en Jomtiem, Tailandia. En seguimiento a esta Declaración, en el 2000, en Dakar, Senegal, México se comprometió a lograr seis objetivos en 15 años: 1. Educación y cuidado de la primera infancia, 2. Educación primaria universal, 3. Aprendizaje de jóvenes y adultos, 4. Alfabetización, 5. Paridad de género y 6. Calidad de la educación; siendo la Unesco quien coordinaría los esfuerzos internacionales para contribuir a lograr estos objetivos.
Según la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, quien evaluó parcialmente estos logros en el 2013, con proyecciones de “educación de calidad para todos” al 2015, México alcanzó resultados importantes en los cinco primeros objetivos, pero no logra superar importantes limitaciones en la calidad del servicio educativo que presta. Respecto al primer objetivo México se ubicó en una posición ventajosa con relación a todos los países de América Latina y de muchos países del Caribe; respecto a la educación primaria universal, la cual es un derecho que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México alcanzó las mayores coberturas en América Latina de hasta 98 por ciento en su tasa neta ajustada de matrícula en este nivel educativo en 2010; respecto al compromiso de aprendizaje de jóvenes y adultos, aunque México es superado por varios países de América Latina y el Caribe, se mantiene por encima de la media en diversos indicadores de eficacia en este nivel; en alfabetización, México pasó de una tasa de 90 por ciento de alfabetismo de población adulta en el 2000 a 92.93 por ciento en el 2010; respecto a la paridad de género, aunque a México le falta bastante camino por recorrer, en la década 2000-2010 avanzó en un trato igualitario entre niños y niñas reflejado en los índices de paridad de género en la matrícula de educación básica.
Sin embargo, en indicadores de calidad educativa en educación básica, este informe revela que México se ubica por debajo del resto de países de la OCDE y lejos de otros países de América Latina y el Caribe que poseen mejores condiciones de calidad. En México, el porcentaje de alumnos de 15 años que no alcanzaron el nivel de desempeño II en lectura, matemáticas y ciencias en las pruebas PISA-2000 y PISA-2009, años que evaluó este informe, fue el doble que el promedio de la OCDE; en el indicador asociado con la razón de alumnos por profesor en educación primaria y secundaria, México reporta un rezago que supera la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Todo esto probablemente esté explicando la baja tasa de adolescentes que siguen estudios superiores. En este indicador, según la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, México se ubicó muy por debajo de la media de la OCDE, tanto para el año 2000 como para el 2010, siendo superado por la mayoría de países de América Latina.
De acuerdo con lo anterior, el problema principal actual de la educación en México parece estar en la calidad de la misma, y deberíamos hacer énfasis en ésta desde todas las vertientes institucionales posibles. Ante esto, llama la atención lo que se observa en la Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5133-I, del jueves 11 de octubre de 2018, en donde el grupo parlamentario de Morena presentó una modificatoria de Ley que “…reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación; y abroga las Leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación…”.
En esta propuesta de modificación a la Ley general de educación vigente se anula toda palabra vinculada con la calidad de la educación en México: en el artículo 2 de la mencionada Ley se dice que “se impartirá educación de calidad en condiciones de equidad”, mientras que en la propuesta de modificación sólo indica “se impartirá educación”; se modifica un párrafo del artículo 3 de la actual Ley de educación que dice que el Estado está “obligado a prestar servicios educativos de calidad”, y se reemplaza por uno que sólo menciona que el Estado está obligado “prestar servicios educativos”. Esta propuesta también elimina por completo el numeral IV del artículo 8 de dicha Ley que dice “la educación será de calidad, entendiéndose ésta como la congruencia entre objetivos, resultados y procesos del sistema educativo”; se elimina también el inciso b, numeral V del artículo 11 de dicha Ley que regula el proceso de evaluación de la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo; se eliminan los incisos I, II y II del artículo 28 que señalan el uso de los resultados de la evaluación para una mejora continua en cada ciclo escolar, así como la transparencia en el uso de recursos destinados a mejorar la infraestructura, adquirir materiales educativos y mejorar procesos operativos en general; elimina también el párrafo donde se menciona al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), señalado en el artículo 29, trasladando la función de evaluación del proceso educativo a la Secretaría de Educación Pública; se elimina en este último artículo la expresión “ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo”, y queda sólo “ejercicio pleno a la educación”. Así sucesivamente, eliminando cualquier término de la Ley actual de educación que se asocie con calidad, y no se encuentra casi ningún término alusivo a la calidad educativa en la mencionada propuesta de modificación de dicha Ley.
Lo anterior es posible entenderlo en un contexto de confrontación política. Sin embargo, se observa que con esta modificatoria de Ley no sólo se abroga la Ley del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino que también se abroga la calidad de la educación. Y no me refiero a que el Servicio Profesional Docente y el INEE son los únicos que garantizarían la calidad educativa en México, sino que, detrás de esto, está la negativa a que los docentes sean evaluados para mejorar sus capacidades, elemento medular de la calidad educativa, aunque no el único.
