Un grupo de ciudadanos denominados “Tlaxcaltecas contra la corrupción”, solicitaron al Congreso local dar a conocer las acciones legales que ha emprendido en contra del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los integrantes de la pasada legislatura y de los servidores públicos municipales, por el posible daño patrimonial ocasionado a 25 municipios que asciende a un total de 115 millones 828 mil pesos.
A través de un oficio dirigido a la Junta de Coordinación y Concertación Política, se señala que derivado de una investigación realizada por los denunciantes advirtieron que “el OFS ha actuado de forma negligente e ineficaz”.
Señalan que de acuerdo con información recabada de la página del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ente fiscalizador ha perdido por lo menos 40 juicios de amparo correspondientes a los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
Los ayuntamientos que se encuentran en esta situación son Xiloxoxtla, Atltzayanca, Calpulalpan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Españita, Teacalco, Tetlatlahuca, Yahuquemehcan, Sanctórum, Hueyotlipan, Apizaco, Tetlanohcan, Atlangatepec, Xaloxtoc, Tetla de la Solidaridad, Tenancingo, Chiautempan, Nativitas y Xiloxoxtla.
Los casos más graves son: el de Huamantla que no solventó durante el ejercicio fiscal 2011 un monto de 82 millones 216 mil 350 pesos y en 2012, 6 millones 188 mil 115 pesos, que dan un total de 88 millones 404 mil 465 pesos.
Le sigue Cuapiaxtla con un monto de 558 mil 178 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2012 y 2 millones 513 mil 741 pesos del ejercicio fiscal 2013, es decir un total de 3 millones 071 mil 919 pesos.
Mientras que el municipio de Benito Juárez, no comprobó durante el ejercicio 2014, un millón 648 mil 256 pesos y en el 2016, 437 mil 270 pesos que sumados dan 2 millones 085 mil 526 pesos.
De igual forma, San Pablo del Monte no pudo aclarar en qué utilizó 2 millones 085 mil 286 pesos en el ejercicio fiscal 2012; en este mismo ejercicio Papalotla no solventó 1 millón 795 mil 953 pesos; Zacatelco tampoco pudo comprobar en que uso 1 millón 076 mil 723 pesos en el ejercicio fiscal 2015.
Por lo anterior citaron el artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios que establece que “el órgano será solidario de los daños y perjuicios que en término de este capítulo causen los servidores públicos y profesionales contratados por la práctica de auditorías y revisiones, cuando estos no actúen lícitamente o cuando sus resoluciones resulten ilegales”.
Sin embargo, refieren que no se ha cumplido dicho mandato toda vez que la Auditoria Superior del OFS se ha deslindado de las solventaciones realizadas por la pasada legislatura, cuando estas, supuestamente se llevaron a cabo en su edificio sede y en presencia del personal a su cargo.
Por todo lo anterior y con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en atención al principio de máxima publicidad, solicitaron que los integrantes de la LXIII Legislatura informen sobre qué acciones legales han iniciado en contra de los involucrados pues consideran que es una situación que no debe quedar impune.
