Al advertir que en Tlaxcala no existen casos de tortura en instituciones de seguridad pública, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Víctor Manuel Cid del Prado Pineda, destacó que el fenómeno más común son los malos tratos de elementos policiales.
A pregunta expresa, el presidente el órgano autónomo dijo que este tipo de actos se presentan lo mismo en corporaciones municipales, pero también en instancias estatales y hasta federales, y que llegan a ser tratos denigrantes o crueles hacia alguna persona.
En ese sentido, el ombudsman local informó que la CEDH ya está realizando jornadas de capacitación para policías de los tres niveles de gobierno, a fin de que se evite la presencia de vejaciones en contra de personas detenidas o bien, al momento de integrar alguna infracción.
Recordó que la tortura era un tipo de acto que se hacía por uso y costumbres en el pasado en México, y que significaba una práctica hasta cierto punto normal entre las corporaciones de seguridad e investigación.
Sin embargo, expuso que ante la modernización de los esquemas de prevención y protección de los derechos humanos, es imprescindible que las instancias de seguridad cuenten con capacitaciones que eviten transgresiones a tratados en materia de garantías individuales.
Víctor Manuel Cid del Prado, indicó que de momento no hay quejas en el seno del organismo autónomo en términos de tortura, sin embargo casos de maltrato de elementos policiales sí existen, los cuales han sido dirimidos, dijo, mediante la conciliación.
En estas tareas, dijo, interviene de manera directa y oportuna el personal capacitado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, principalmente visitadores en cada una de las jurisdicciones del organismo.
“El respeto a los derechos humanos es fundamental, y por eso precisamente se realizan jornadas de capacitación. El objetivo no es nada más capacitar una sola vez, sino que hagamos convenios en donde vamos a trabajar en función a este tema”.
Agregó que la dirección de programas de la comisión contempla a los 60 municipios del Estado, policía estatal y hasta federal, a fin de abordar aquellos aspectos que deben prevenirse en afán de preservar las garantías individuales de la población.
