Aunque el Consejo Nacional de Ciencia y la Tecnología (Conacyt) fue una creación del sexenio de Luis Echeverría Álvarez (que se caracterizó por gastos desmedidos y proyectos faraónicos, mayormente inútiles) y aunque data de 1970, para la mayoría de los mexicanos es casi desconocido. Para muchos, dada la importancia que tiene en México el desarrollo de la ciencia (y acaso por sus resultados, más bien pobres) el Conacyt equivale a la flota naval de Bolivia.
Pero lo cierto es que su trabajo es importante para nuestro país. Uno de sus encargos más importantes es la asignación de becas para estudiantes de posgrados en el extranjero. Imaginemos lo que sería para un estudiante promedio sufragar una educación tan especializada. Dentro de México, lleva a cabo la calificación de los programas de estudio como parte del programa de posgrados de calidad. Su aval es importante y si no es garantía de excelencia, sí es un buen referente de cuáles maestrías y doctorados tienen los requisitos mínimos para tomarlos con seriedad.
La parte controversial, a decir de los hechos recientes, se encuentran en la administración del Sistema Nacional de Investigadores. Se trata de un conjunto de investigadores que, por sus méritos académicos y rigor formativo, han ganado una subvención de parte del organismo. Y contra tales becas se lanzó desde el primer momento la nueva titular del consejo, María Elena Álvarez-Buylla Roces.
El Conacyt, por el hecho de tratarse de una oficina encargada de la ciencia, había sido un sector poco observado y hasta opaco. Contaba con un prestigio que le permitía esa opacidad. Y los innegables méritos académicos de Álvarez-Buylla, así como su nombramiento, le autorizaban a auscultar el funcionamiento de la institución.
El gobierno lopezobradorista hizo bien al poner en tela de juicio la aplicación de recursos en Conacyt. No hay ninguna zona del presupuesto que no esté sujeta al escrutinio. Y era inevitable que agitar el avispero tendría consecuencias. Pero si había personas o grupos al interior del Conacyt dispuestos a resistir y opinar contra los cambios, el gobierno hizo todo lo necesario para moverles la boca.
Las designaciones fueron desastrosas. Los perfiles de los funcionarios impugnados (hoy exfuncionarios) eran absurdos, por decir lo menos.
Y esta característica ha sido inherente a varias designaciones morenistas. La selección de funcionarios ha sido un pago de servicios o recompensas a quienes laboraron en favor de la llegada al poder del proyecto morenista. No están los mejores, sino quienes más pugnaron desde la calle, la toma o el bloqueo. No están los más capaces, sino los más combativos.
Rematando esta comedia de errores, en vez de reconocer simple y llanamente una pifia en las designaciones, se recurrió a un recurso sobreexplotado: el complot. Ahora existe una “mafia de la ciencia” que se quejó porque una licenciada en modas o un estudiante de comunicación ocuparan cargos de cierta importancia.
Y apenas habían brincado este escollo, se vuelve a cometer otro error en las propuestas para la Comisión Reguladora de Energía: personajes de grises a oscuros, con escaso conocimiento de la institución que pretendían dirigir, respondiendo tonterías y frivolidades, exhibiendo su ignorancia. Urge un headhunter que evalúe los currículos y no los méritos en campaña.
