Para el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) es preocupante que el gobierno de la República esté considerando replantear la estrategia para atender a mujeres violentadas a través de los refugios que existen a lo largo de todo el país.

La titular del IEM, María Angélica Zárate Flores, sostuvo en entrevista que desde la cámara de diputados en el Congreso de la Unión, se están desarrollando las acciones para que a través de la Comisión de Igualdad de Género se mantengan los apoyos para los refugios de mujeres víctimas de violencia.

La funcionaria estatal y exdiputada no ofreció cifras precisas respecto al número de mujeres que atiende el IEM en el estado o bien, que canaliza a los refugios que existen al menos en dos municipios tlaxcaltecas que, para preservar la seguridad de las mujeres se reserva su ubicación.

“Es preocupante, tenemos confianza porque ya tuvimos el respaldo en el movimiento de diputadas de la comisión de igualdad de la cámara de diputados del congreso de la unión, y solidariamente trabajan para que el programa no se pierda”.

Y es que dijo que el tema de los refugios para mujeres violentadas forma parte de una cadena integral de beneficios y apoyos que se ofrecen a personas víctimas de violencia, principalmente desde el hogar, pues a la par de ello se ofrece atención médica, psicológica y hasta de inserción laboral.

De ahí la importancia de mantener ese esquema que, además, se ha instalado como una vía de ayuda para las mujeres que no son atendidas por su entorno de convivencia común, “cuando no tienen vecinas, amigas, conocidas que las quieran ayudar, entonces acuden a los refugios”.

María Angélica Zárate Flores confió en que desde el Legislativo federal se frene la posibilidad de modificar la operación de los refugios y con ello reducir los apoyos a mujeres víctimas de violencia.

De hecho, la mañana de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se mantendrán los refugios para mujeres víctimas de violencia, aunque eso sí, el gobierno federal destinará recursos a las entidades del país para que establezcan políticas públicas para atender la violencia contra mujeres.

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