Escrito por: Sergio Flores González
En las décadas recientes ha existido un interés creciente por atender el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas que impacten en la disminución del calentamiento global.
Al menos desde el año de 1972, con la celebración de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, convocada por la ONU y celebrada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, se sentaron las bases de la apertura, en la agenda pública mundial, de los factores estructurales que están impactando la relación entre desarrollo económico, urbanización y afectación a los recursos naturales y el medio ambiente.
Desde entonces y, hasta el año anterior, ha habido innumerables encuentros de representantes gubernamentales por atender dicha problemática, una vertiente de las cuales trata del calentamiento global. Se ha definido que este fenómeno es producto y resultado de innumerable factores socioeconómicos, tecnológicos, culturales y políticos y que se ha recrudecido, de forma alarmante, después de la aparición de la tercera revolución industrial, aproximadamente después de la década de los sesenta del siglo XX.
Los efectos más directos tienen que ver con la disminución de los casquetes polares del planeta, el incremento de gases de efecto invernadero a partir del incremento sustancial del parque vehicular en todo el mundo, las industrias que contaminan, de forma directa el aire, que todos respiramos, y el cambio drástico de usos del suelo de rural-tradicional a urbano-industrial. Se ha estimado que para el año 2050, las regiones que mayor población urbana tendrán son: América del Norte con el 81.5 por ciento de su población total; América Latina y El Caribe con el 79.5 por ciento y Europa central con el 73.4 por ciento de su población total. Las causas de ese calentamiento global son, entre otras: i) la urbanización acelerada, ii) el aumento desmedido de los vehículos automotores, en todo el planeta así como; iii) el cambio drástico del uso de suelo, iv) la migración de población que habitaba zonas rurales se instalan en ciudades y megaciudades, y iv) la insuficiencia de las políticas públicas, en todo el mundo, para abatir dichos efectos, uno de cuya mayor dimensión es el Cambio Climático.
Hacia inicios de la segunda década de este siglo, se ha registrado que la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y, de forma especial el CO2, se genera en América del Norte con 16. 73 toneladas métricas per cápita;
le continúan Europa y Asia central con 7.55 y Asia Central y el Pacífico con 5.86 toneladas métricas per de emisiones de dichos contaminantes.
Destaca, a partir de la celebración de la COP 21, efectuada en la ciudad de París, Francia (Diciembre de 2015) se sentaron las bases de un fuerte impulso a políticas públicas, medidas tecnológicas, erogaciones de recursos para construir tecnologías limpias, etc.
En el caso de la región de América Latina se requiere la integración de un gran acuerdo de las Américas para definir un conjunto de acciones relacionadas con medidas de mitigación así como de atención urgente al fenómeno de cambio climático.
Para el caso de nuestro país, y no obstante la promulgación de la Ley de Cambio Climático, desde el mes de junio de 2012 ha habido muy poca difusión tanto al abundante diagnóstico de dicha problemática, como a las medidas operativas a instrumentar. Se ha logrado determinar que diversas entidades federativas no participan de la formulación de este importante ordenamiento, así como que no cuenta con el reglamento correspondiente ni con programas sectoriales, parciales o especiales que le den difusión y aplicabilidad.
Destaca la necesidad de establecer acciones, en un mismo nivel de gobierno, que saneen la vida institucional; medidas de coordinación entre las diferentes cabezas de sector que abordan dicha problemática; campañas intensas de concientización ante los diversos sectores de la sociedad y, de forma especial, un cambio de paradigma tanto entre los actores de los diversos niveles de gobierno (sector público), como en las diversas instituciones sociales y económicas es el caso de la escuelas, las familias, las empresas, las iglesias, las comunidades y, la sociedad en su conjunto (sectores privado y social).
Es urgente hacer participar y tomar en consideración la intervención del sector privado y del sector social, por supuesto, encabezados por el sector público.
Los retos son enormes pues además de mitigar el cambio climático se requiere restaurar los millones de hectáreas, que se han devastado por efectos de la urbanización, así como sanear los ríos, mares y cuerpos de agua, aplicar las normas de reducir, reciclar y reutilizar (las tres “R”) e integrar equipos interdisciplinarios para revisar tanto los avances, en materia de desarrollo económico, como de sustentabilidad y financiamiento a dichas tecnologías.
Por último es recomendable establecer programas de educación ambiental permanente con la participación directa de los sectores público, social y privado y hacer participar, de forma directa, a los niños, jóvenes y grupos vulnerables.
* Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala, A.C.
