La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala debe ser autónoma, garantizar los derechos humanos, mantener un gobierno abierto y permitir la participación de la ciudadanía para poder ser una institución eficaz y transparente, coincidieron investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el tercer y último foro de consulta pública para la creación de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala.
En el Patio Vitral del Congreso Local, el doctor en humanidades, Juan Pablo Aguirre Quezada, indicó que la Fiscalía tiene cinco principales retos por afrontar: el contexto en materia de derechos humanos para lo que se requerirán acciones de capacitación, ejecución y operación.
La creación de una nueva política criminal para enfrentar de manera eficaz a la delincuencia organizada que cambia su modus operandi constantemente y afecta el tejido social, en este sentido refirió que de acuerdo con el Índice Global de Impunidad México 2018, realizado por la Universidad de las Américas Puebla, Tlaxcala se coloca en la posición número once lo que la clasifica como una entidad con un grado de impunidad alto, principalmente en el tema de homicidio.
También cuenta con un numero bajo de jueces, con apenas 2.82 servidores públicos por cada 100 mil habitantes, además de ser el segundo estado con menor número de agencias del Ministerio Público, es decir 1.25 por cada 100 mil habitantes, lo que genera que exista una alta cifra de delitos no denunciados estimada en 94.2 por ciento.
Otro reto, dijo, es la participación ciudadana activa y decidida, en este punto refirió que debe haber un gobierno abierto que permita el acceso a la información, transparencia, fiscalización y acompañamiento de la sociedad civil, añadió que otro de los desafíos que van de la mano de este punto es la rendición de cuentas por parte de la institución sobre el ejercicio de sus recursos humanos y materiales con lo que se hará frente a un reto más, que es el del fortalecimiento de las instituciones para que la sociedad confié de nueva cuenta en las autoridades.
Por su parte, el doctor Baldomero Mendoza habló sobre la importancia de dotar de autonomía al fiscal y para lograrlo se requiere que cumpla con tres criterios: el subjetivo en el que se debe investigar a la persona que se van a elegir para ocupar el cargo, conocer su edad, su militancia, preferencias y circunstancias de interés, así como su preparación para que acredite que cuenta con los conocimiento específicos para enfrentar el delito.
Otro criterio es el procedimental con el que se decidirá cuál será el método para elegirlo, si en el procedimiento el fiscal va a depender de alguna otra autoridad para evitar que sea un instrumento de tráfico de influencias; en el criterio de responsabilidad dijo que es necesario analizar de quien dependerá su permanencia como fiscal, decisión que recalcó no debe recaer en un solo órgano.
Mientras que la investigadora, Karla Angélica Gómez, subrayó, que es necesario iniciar con el análisis de los elementos a considerar de una Ley secundaria, además de que será necesaria la participación de un Consejo ciudadano que pueda emitir recomendaciones.
Por su parte, la doctora Elva Jiménez, opinó que la justicia no debe ser solo para unos cuantos, por lo que el fiscal tendría que tomar en cuenta el principio pro persona para proteger tanto los derechos humanos de la víctima como del imputado y no limitarse únicamente al marco constitucional.
