Los integrantes de la LXIII Legislatura local aprobaron por mayoría de votos reformas y adiciones a la Ley Orgánica de este poder, de su Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Estado de Tlaxcala, con el fin de eliminar omisiones legislativas.
El proyecto de decreto del expediente parlamentario número LXIII 016/2018, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, y Asuntos Políticos y la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, refiere que con las nuevas disposiciones se evitarán contradicciones que impidan la aplicación de la Ley en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En los ordenamientos que rigen la vida interna del Congreso se encontraban vigentes las disposiciones relativas al Comité de Información y Área Responsable de la Información (ARI) , denominación que ya no era acorde a lo dispuesto en la Legislación federal en la materia, ni con la del Estado.
De ahí, que con la aprobación de esta reforma se cambiará la denominación de los entes responsables de brindar el acceso a la información pública de cada uno de los sujetos obligados y se otorga la formalidad debida a la integración del Comité de Transparencia. Además, el capítulo sexto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo será denominado Comité de Transparencia y de la Unidad de Transparencia; así como en el Glosario de términos del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso, se quedará como Unidad de Transparencia (UDT).
Previamente fue presentada otra iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y a la Ley de Seguridad Pública del Estado y sus municipios, para poder reforzar la prevención e investigación del delito de robo de autopartes.
Se propuso dotar de facultades necesarias a las instituciones de seguridad pública, para llevar a cabo operativos para combatir ese delito a través del requerimiento de documentos (contratos de compraventa, notas de venta, facturas, cartas responsivas, entre otros), que justifiquen la legal procedencia de la mercancía en los establecimientos y “deshuesaderos” que comercialicen autopartes.
Esta propuesta también pretende sancionar de 10 a 20 años de prisión y multa de 500 a 2 mil días de salario mínimo, a quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, se dedique a la venta de autopartes obtenidas de manera ilícita.
