Claudia Cordero Baéz quien se desempeñaba hace unos años como auditora especial del Órgano de Fiscalización (OFS) solicitó a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) del Congreso del estado, atender su petición para dar inicio al juicio político en contra de la Auditora General, María Isabel Maldonado Textle.
Explicó, a través de un oficio, que el pasado 26 de septiembre de 2016 presentó un escrito ante la legislatura en funciones para dar inicio al procedimiento antes mencionado, el cual quedo radicado en el expediente SSPPJP 007/2016.
“En fecha seis de septiembre de 2016, la referida servidora pública usurpando funciones, me retiro del cargo que ostentaba como auditora especial del OFS, esto en razón de que dicha persona no contaba con la calidad legal para poder destituirme, porque fungía únicamente como encargada del despacho del Auditor de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, aunado a que yo desempeñaba un cargo que fue ratificado por el Congreso local, por tanto es el único que tenía la facultad para poder removerme” afirmó.
Acusó que al juicio político que radicó no se le ha dado el trámite correspondiente a efecto de que el Congreso en pleno se erigiera como órgano investigador, ya que a la fecha no existe ningún movimiento procesal lo que le hace pensar que el Legislativo no cumple con sus funciones y que probablemente, protege a Maldonado Textle.
Cordero Baéz, recalcó que su solicitud de juicio político es un asunto de interés social por la trascendencia violatoria a la investidura que encierra un nombramiento designado por el Congreso, sin que se llevara a cabo el trámite conforme a derecho.
Por lo anterior, exigió a la Junta de Coordinación y Concertación Política del Poder Legislativo de trámite al Juicio Político que tiene una antigüedad de cerca de tres años.
