Tras una semana en que el rumor de un supuesto “golpe de estado” recorrió los medios de comunicación mexicanos, se hizo realidad un golpe, pero no en México sino en Bolivia. El doble proceso de crecimiento y radicalización de la oposición al presidente Evo Morales y el desmoronamiento de la imagen y el sistema de apoyos del líder cocalero, terminó el domingo diez de noviembre con su dimisión.
Fueron muchos los hechos que inclinaron lentamente la balanza en contra del primer presidente indígena de Bolivia. Primero, el señalamiento de una “caída del sistema” que recuerda enormemente aquél incidente mexicano de 1988, durante la elección que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Semejante a lo que ocurrió entonces, en Bolivia el conteo de sufragios dejó de actualizarse a la 19:40 horas del 20 de octubre y sólo se actualizó 24 horas después. Con un cambio radical: antes, el conteo obligaba a una segunda vuelta. En cambio, al volver a actualizarse, la diferencia entre Evo y su contrincante Carlos Mesa era suficiente para evitar una segunda ronda de sufragios. Esto fue percibido por la oposición y la opinión pública mundial como un fraude palmario.
La ola de protestas y los enfrentamientos entre opositores y partidarios de Morales y su partido, Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron desde el mismo 21 de octubre y continuaron en las principales ciudades bolivianas durante los últimos días de octubre. Incluyeron marchas pacíficas, enfrentamientos con las fuerzas armadas y llegaron a la quema de edificios públicos. Ante la explosiva situación que se vivía en Bolivia, el propio gobierno propuso a la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría a las boletas electorales. Aunque el opositor Carlos Mesa había estado de acuerdo en que se llevara a cabo, e inclusive que fuera vinculante, el 30 de octubre retiró su apoyo a la auditoría, sospechando que tratarían de favorecer a Evo.
Pero el resultado fue todo lo contrario: la OEA encontró actas con alteraciones y firmas falsificadas por lo que se declaró incapaz de validar los resultados de la elección. Ante ello, el presidente Morales convocó a una nueva elección. Era demasiado tarde: la oposición rechazó la propuesta y exigió su renuncia.
Pero la historia de la caída de Evo Morales comenzó mucho antes. Su idea de alargar su mandato de cuatro años con posibilidad de una reelección, a un gobierno prorrogable hasta el infinito, lo llevó a realizar un referéndum para modificar la Constitución el 21 de febrero de 2016, recibiendo un rotundo “No”. En noviembre de 2017 sometió al poder judicial, de independencia dudosa, una propuesta que haría prevalecer un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la propia Constitución. Ello le posibilitó presentarse a la elección de 2019. Desde ese momento hubo señalamientos de que la candidatura de Evo para una nueva reelección era ilegal. Lo demás fue sólo una consecuencia lógica.
No existen en México condiciones para un golpe de estado. La sociedad, los partidos, la tradición democrática del país, lo repudiarían. En Bolivia fue el empecinamiento de Evo Morales por perpetuarse en el poder lo que generó las condiciones que favorecieron su caída.
