Integrantes del Frente de Transportistas del Estado de Tlaxcala, se presentaron en Palacio de Gobierno para hacer la entrega de un oficio en el que le solicitan que no sean publicadas las reformas a la nueva ley de Comunicación y Transportes aprobadas recientemente por el Congreso del local; esto bajo el argumento de que al hacerlo afectarían a 5 mil 400 permisionarios y a sus familias.
Los transportistas que arribaron al recinto gubernamental a entregar el documento en mención, señalaron que buscarían entablar un dialogo con el Secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro, para optimizar tiempos y recibir una respuesta pronta a su solicitud.
“Venimos a entregar un documento al señor Gobernador, pero si él no nos puede atender, buscaremos entrevistarnos con el Secretario de Gobierno, pues solicitamos tener una respuesta concreta a nuestra solicitud. Sabemos que el Gobernador esta en todo su derecho de publicarla, pero no de afectar nuestra fuente de ingresos”.
Por su parte, Hugo Salgado del Razo, líder transportista, señaló que todos los permisionarios cumplen con sus responsabilidades como el pago del refrendo, el que asciende a 2 mil pesos por unidad, “estamos hablando de miles de unidades, mientras que una plataforma pagará 13 mil pesos por el permiso, qué le conviene más al Gobierno, en eso no ha reflexionado, si prefiere favorecer a un par de familias que controlan las plataformas en Tlaxcala o a miles de tlaxcaltecas”.
En tanto, externó que esta situación va a generar una confrontación entre permisionarios y los conductores de las plataformas, por lo que adelantaron en caso de ser publicada realizaran movilizaciones y probablemente hasta detener a las unidades de las aplicaciones.
Los permisionarios resaltaron que aún es tiempo para que esa ley no se publique, “está en manos del gobierno del estado en detener un conflicto que nadie desea, porque de no atender nuestra petición de no oficializar la nueva ley, las movilizaciones se harán afectivas en los cuatro puntos cardinales en la entidad”.
Finalmente, manifestaron que se darán a la tarea de investigar la manera en que operan las plataformas digitales en la entidad, si es que en verdad cumplen con su registro ante hacienda, o cuentan con toda su documentación en regla como licencia, medidas de seguridad, y todo lo que implica brindar un servicio.
