La diputada Laura Yamilí Flores Lozano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala, mismo que deberá operar a partir del mes de octubre del presente año.

A demás de Tlaxcala, los estados de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí y Zacatecas deberá estar contemplados para iniciar a laborar con el nuevo sistema de justicia laboral.

“En dichas entidades, en octubre del presente año 2020, deberán entrar en operación los tribunales laborales locales y federales, los centros de conciliación locales y las oficinas estatales del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”.

Además de lo anterior y con el marco legislativo, la diputada detalló que ahora se procede a plantear la emisión de la ley orgánica del Centro de Conciliación laboral del Estado de Tlaxcala.

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Para tal efecto, la secretaría técnica del Consejo de coordinación para la implementación de la reforma al sistema de justicia laboral, elaboró modelo de ley que sirve de base para que los Congreso locales emitan la norma que regule la norma y funcionamiento del centro de conciliación laboral estatal.

En el primer título del modelo de ley, se contemplan las disposiciones generales y el objeto de la ley, además de establecer la estructura y funcionamiento del centro de conciliación.

Como segundo término se regulan las atribuciones del centro de conciliación estatal, el cual, entre otras funciones, destaca el ofrecer a la ciudadanía el servicio público de conciliación laboral en conflicto del orden local.

Por lo que hace a la asignación de recursos para la debida operación de este centro de justicia laboral, informó la legisladora que de acuerdo al presupuesto de egresos 2019-2020, el Legislativo etiquetó recursos por las cantidades de once millones 678 mil 90 pesos y trece millones 438 mil 106 pesos respetivamente para la operación de dicho centro.

Derivado de lo anterior y una vez aprobado este decreto, se ordenará a la Secretaría de Planeación y Finanzas transferir los recursos al referido centro laboral.

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