El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la entidad, Eduardo Valiente Hernández, señaló que de los 138 internos del orden federal que se encuentran recluidos en los Centros de Reinserción Social (Cereso) en Tlaxcala, ninguno cumple con las características para resultar beneficiado con la nueva Ley de Amnistía.
En este sentido, el funcionario detalló que de las casi 800 personas privadas de su libertad (PPL) en los centros de Apizaco, el anexo femenil, el penal de Tlaxcala y el de adolescentes, 138 reclusos del orden federal son sobre quienes podría aplicar esta Ley de Amnistía, se descarta que así sea ya que enfrentan procesos por delitos graves.
“Nosotros ya hemos hecho el análisis y no a partir de la publicación, sino desde mucho antes cuando estaba en discusión… del impacto que podría tener aquí en nuestros centros penitenciarios. No obstante ya analizando y revisando cada uno de los casos no tenemos hasta este momento ninguno de ellos caiga en los supuestos de que pudieran tener ese beneficio de la nueva Ley”.
Sin embargo, refirió que continuaran atentos ante cualquier gestión que se genere desde nivel federal, pues además para la aplicación la Ley existe diversos procesos de los cuales recalcó se estarán actualizando.
“Es una radiografía muy clara que tenemos en la entidad y hasta el momento la Ley de Amnistía no aplica a ningún PPL susceptible de acogerse a ella en nuestros centros penitenciarios; son delitos graves que no entran dentro del catálogo que marca la propia Ley“.
Cabe mencionar que la Ley de Amnistía entró en vigor el pasado jueves 23 de abril tras su publicación un día antes en el Diario Oficial de la Federación, la cual establece que los posibles beneficiarios deben cumplir con tres condiciones que la sentencia en firme que tenga el inculpado sea la primera; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y, no se hayan utilizado o empleado armas de fuego.
La ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.
