Liberar a personas adultas mayores que hayan cometido delitos menores, o evitar la prisión preventiva, salvo que se trate de conductas delictivas en las que no lo permita la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Son propuestas que emitió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) respecto a lo que se vive en centros penitenciarios y de cara a combatir el incremento de contagios por Covid-19.
El hacinamiento es uno de los principales problemas del sistema penitenciario en México y de acuerdo con datos oficiales, de los 297 centros penitenciarios federales y estatales del país, 110 están sobrepoblados, caso que no sucede en Tlaxcala.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), registró que en 2016, el 46 por ciento de la población entrevistada compartía celda con cinco personas.
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Ante la actual crisis sanitaria, es necesario considerar que, de acuerdo a estándares internacionales, en México la medida establecida para las celdas individuales es de cuatro metros cuadrados, mientras que la de las celdas triples es de quince metros.
Las cárceles de la República Mexicana tienen importantes retos que van desde la falta de acceso a servicios médicos, de saneamiento y de alimentación, hasta el hacinamiento.
Respecto a las medidas de atención en los centros penitenciarios ante la pandemia por Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han sugerido tomar medidas que pongan a salvo a la población recluida en condición de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas y personas adultas mayores o con enfermedades crónico-degenerativas.
Esto permitiría aminorar posibles riesgos de propagación del virus entre la población privada de su libertar y de las personas que los visitan como familiares, amigos o abogados.
La Enpol refiere que la mayoría de los centros penitenciarios no cuenta con las medidas sanitarias adecuadas para enfrentar problemas de higiene, ya que el 30 por ciento de las personas encuestadas refirió no contar con agua potable y el cinco por ciento reportó la ausencia de drenaje en el interior de su celda.
Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que el 33 por ciento de las personas recluidas en centros penitenciarios sufren de deficiencias en los servicios de salud, aunados a que el 63 por ciento ha reportado que no cuenta con materiales, equipamiento e higiene necesaria en el área de dormitorios.
