Después de haberse declarados como esenciales los servicios de atención a la violencia contra las mujeres durante la pandemia del Covid-19, el gobierno en turno decidió quitar recursos a los que atienden a mujeres indígenas.
Hechos que en el Partido Acción Nacional (PAN) a través de la secretaría de promoción política de la mujer reprobaron al considerar como prioritario el tema de atender la violencia contra las mujeres
La Secretaría de Hacienda decidió reservar el dinero que estaba destinado al programa: Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMIs), el cual está enfocado en dos corrientes: derechos sexuales y reproductivos, y prevención y atención de le violencia de género, para así poder atender la contingencia provocada por el Covid-19.
El blanquiazul dijo comprender la situación crítica por la que atraviesa el país, y la necesidad de las medidas que ha tenido que establecer el gobierno para atender la emergencia sanitaria y que seguramente serán necesarios ajustes en cada programa institucional.
Sin embargo, ante el hecho de que las condiciones de aislamiento y confinamiento han elevado el riesgo y las manifestaciones de violencia contra mujeres, las cosas no pueden quedar de esa manera.
“Exigimos que el gobierno interceda ante la Secretaría de Hacienda para que estos ajustes no signifiquen el recorte total del presupuesto asignado, pues esto representaría que en las regiones indígenas donde se está trabajando, se detengan las actividades que tienen la finalidad de contener y disminuir los impactos de la violencia que enfrentan las mujeres”.
La Secretaría Nacional manifestó la exigencia por parte de Acción Nacional de la intervención de las instancias competentes, y en especial la Secretaría de Hacienda, para que los recursos económicos que se deben destinar a las CAMIs, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, no se recorten en su totalidad y se puedan aplicar de manera inmediata.
Cabe destacar que en México existen 35 Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana y desde hace 17 años dicha organización ha venido brindando atención a la salud sexual y reproductiva y a la violencia de género en lugares recónditos de nuestro país, donde las mujeres de los pueblos no tienen acceso a los servicios de salud ni a la protección institucional contra las violencias que enfrentan.