El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por orden presidencial ha recortado el 75 por ciento del presupuesto para gastos operativos, lo que representa aproximadamente 151 millones de pesos menos (casi 7 millones de dólares).
Lo anterior lo consideró la presidenta de la Corriente Crítica del Partido Revolucionario Institucional, Helena Coca Aguilar, al tiempo de señalar que el Inmujeres es un organismo enfocado a diseñar políticas para la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
“Que en su oportunidad los gobiernos priistas sustentaron y defendieron como un bastión importante para luchar contra la discriminación, ahora por orden presidencial ha recortaron el 75 por ciento del presupuesto para gastos operativos”.
En su posicionamiento destacó que esta actitud de austeridad republicana afecta de manera directa a los organizamos similares de carácter estatal, para el caso de Tlaxcala se ha señalado que la reducción presupuestal afectará directamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de esta manera será el Centro de Justicia para Mujeres el que tendrá una disminución del 8.04 por ciento en el subsidio que recibe.
“Esto ataca directamente el desempeño de uno de los organismos que lucha por atender a mujeres, niñas y personas desprotegidas de abusos y violencia, lo que afectará los logros que tan difícilmente se pueden establecer en la conducta de la ciudadanía”.
Asimismo, consideró la líder priista que el recorte presupuestal se efectúa por el órgano de gobierno del Inmujeres, quien de manera directa se autorizó no recibir 75 por ciento de su presupuesto.
Recurso autorizado por quien tiene la facultad, la Cámara de Diputados, “y si bien los órganos de gobierno de los diversos organismos públicos tienen en términos generales las facultades para gobernarse no tienen la facultad para mutilarse el presupuesto”.
Lo anterior añadió, violenta el orden constitucional al modificar las decisiones del legislativo, máxime que dicha decisión ocasionará un desajuste al desarrollo de sus funciones afectando a sus similares en los estados.
Esto también es una responsabilidad administrativa que puede ser señalada en contra de los servidores públicos que se han prestado para ello, refirió al tiempo de hacer patente otro tipo de corruptelas, dado que el 75 por ciento del presupuesto recortado no dejo de existir.
Pues este se aplicará discrecionalmente a otro asunto que no necesariamente ha sido autorizado sino solo consentido por el titular del ejecutivo lo que ocasiona descontrol y daño a las finanzas públicas.
“Por ello, la Cámara de Diputados debe de intervenir como garante del ejercicio presupuestal a través de la Auditoria Superior de la Federación, dado que el Despacho del Ejecutivo no está exento de ser fiscalizado y sancionado por el desvió de recursos públicos”.
