Texto y foto: Araceli Corona
El Colegio de Abogados de Tlaxcala, solicitaron al titular del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Mena Rodríguez, el apoyo económico de 100 a 150 mil pesos para poder subsistir, ya que derivado de la parálisis que existe en el Poder Judicial por la pandemia por Covid-19, se han visto afectados por la falta de pagos de honorarios al no atender los casos que tenían como litigantes.
Recordaron que desde el 13 de julio recurrieron al despacho del gobernador para hacer la solicitud de un crédito y dando seguimiento fueron turnados a la Secretaría de Gobierno (Segob) y posteriormente a la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), donde les informaron sobre los dos tipos de créditos que están ofreciendo, de 10 y 25 mil pesos, sin embargo, a decir de los abogados “estas cantidades no son suficientes para lo que resta del año”.
Señalaron que el Artículo 1ero, Constitucional señala: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y las condiciones que esta Constitución establece…”.
Agradecieron la atención del titular de la Sedeco, pero dijeron que se encuentran con el impedimento para cubrir los requisitos solicitados por la dependencia local, a raíz de que las oficinas del SAT se encuentran cerradas por la misma contingencia, “por lo que es imposible reunir dichos requisitos, hasta en tanto no se abran los servicios del SAT, pero el crédito solicitado es urgente”.
Por lo anterior, solicitaron un Crédito a la Palabra a fondo perdido por la cantidad de 50 mil pesos y otro más por 100 y 150 mil pesos, donde los requisitos sean más simples, por ello, proponen que sea con constancia de que son abogados, cédula y título profesional, en su caso carta de pasante, constancia de ser abogado litigante del despacho donde laboral, credencial de elector, Curp y constancia de domicilio, con un interés anual del seis por ciento.
El documento fue entregado en el despacho del gobernador, en la secretaría particular, por lo que estarán a la espera de una respuesta, y este es firmado por más de 30 abogados.
