Para coadyuvar al establecimiento de un proceso de reforma orientado hacia la eficacia y legitimidad de las políticas e instituciones de seguridad y procuración de justicia, así como plantear un cambio profundo en la relación entre ciudadanos y servidores públicos en el país, el Dr. Luis González Placencia, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), formó parte del panel denominado “Derechos humanos, participación ciudadana y gestión de paz”, con el tema: “La situación de los derechos humanos en México y Jalisco”.
En este evento, organizado por el Gobierno del Estado de Jalisco y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, el Dr. González Placencia señaló que, el problema entre seguridad y derechos humanos nace en los noventas, cuando comienza a cambiar la fenomenología delictiva y se presentan una serie de eventos que adquieren una dimensión de mercado, característica que no solo está detrás de los delitos de relacionados con la criminalidad organizada, que es donde se manifiesta con más claridad, sino que también se encuentra en los comunes, como el robo, secuestro, tráfico y trata de personas, por lo que, como consecuencia de esta violencia, se empezó a construir una disyuntiva entre crear mecanismos de seguridad o bien respetar los derechos humanos.
Enfatizó que, la capacitación policial, no solo debe consistir en brindar cursos, se deben modificar las estructuras y mecanismos que, desde dentro, tienen estas organizaciones, bajo este esquema de actuación, se deben considerar tres aspectos de realce: en primer lugar, la policía debe tener claridad de que su función no está particularizada con el alcance de un objetivo privado o de partido, sino que son custodios de lo que se denomina fuerza pública y por ello, se debe proceder con responsabilidad.
Segundo, se requiere de un entrenamiento para distinguir en qué momento se debe utilizar la fuerza o bien cuándo no debe aplicarse, además, tienen que sentir el respaldo de la organización, pero no bajo la forma de lo que se conoce como una especie de pacto de grupo, en el que se les permite todo, sino como un apoyo institucional que les provea de mecanismos de defensa certeros y, por último, contar con controles claros sobre la función policial, con una supervisión que permita que, desde el entrenamiento y después en operativos reales, se realice una valoración de su intervención.
Finalmente, el Rector de la Autónoma de Tlaxcala agregó que, este análisis, es una tarea de los académicos y de las propias organizaciones policiales, ya que no se puede aplaudir un acto de tortura, una violación a los derechos humanos de una persona, ya que, ante estos actos, se tiene que ser serios y reactivos a cualquier actitud que represente una desviación de la función que en una democracia se asigna a la policía.
En este conversatorio, también estuvieron el Dr. Alejandro Anaya Muñoz, Coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO); la Mtra. Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del área de incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. Jalisco (CEPAD); la Lic. Luz Stella Amaya Navarro, Secretaria de Seguridad de Bogotá; y el Dr. José Jorge Amador, Director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.
