En días recientes, se ha discutido mucho acerca del valor social y democrático que pudiera tener la consulta popular promovida principalmente por MORENA, la cual supuestamente busca el aval de la ciudadanía para juzgar a algunos de los expresidentes de la República.
Al respecto, hemos tenido la oportunidad de conocer la opinión de individuos pertenecientes a las distintas fuerzas políticas del país, situación que es bastante valiosa, no solo por representar una pluralidad de ideas, lo cual es necesario en una democracia, sino también porque coloca temas jurídicos en el debate público, beneficiando la cultura de la legalidad, misma que es indispensable para el óptimo funcionamiento de nuestro Estado Constitucional de Derecho.
Como joven abogado, siempre he creído que los juristas tenemos la inaplazable labor social de acercar el derecho a la ciudadanía, por lo tanto, me gustaría utilizar este espacio para abordar algunas cuestiones jurídicas generales relacionadas con lo que pretende ser la consulta popular que busca juzgar a los expresidentes, así como también emitir mi opinión en torno al valor que considero le podemos otorgar a la misma.
Generalidades
Debo comenzar señalando que en México, contamos con algunos medios de participación ciudadana, tal es el caso de la consulta popular, contenida en el artículo 35, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo constitucional citado con anterioridad, señala que es un derecho de la ciudadanía: “Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional”, las cuales serán convocadas por el Congreso de la Unión, a petición de: El Presidente de la República; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siendo esta última, la vía por la cual se pretende propiciar la consulta popular que aquí se está abordando.
Es importante señalar, que de acuerdo con la propia Constitución, no podrán ser objeto de consulta popular: la restricción de los derechos humanos reconocidos por el texto constitucional y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, así como las materias electoral y financiera, por solo citar algunos ejemplos.
Temas de trascendencia nacional o regional
Para comprender lo que es un tema de trascendencia nacional o regional de los que señala el artículo 35 de la Constitución, es necesario acudir a la ley reglamentaria del propio artículo constitucional (una ley reglamentaria, es un conjunto de normas que se encargan de detallar un artículo de la Constitución), la cual se denomina “Ley Federal de Consulta Popular”, misma que se encuentra vigente desde el 14 de marzo del 2014, y no es una cuestión de “ahora, que sí hay democracia”, como nos han querido hacer creer algunos políticos, principalmente de MORENA.
En este sentido, el artículo 6 de la citada ley, señala que se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta, cuando contenga los dos siguientes elementos: a) Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y b) Que impacten en una parte significativa de la población. Es necesario tener en cuenta los dos elementos señalados con anterioridad, porque deberán ser examinados, y en su caso, calificados de constitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que la consulta pueda tener validez.
Finalmente, en caso de que se logren juntar las firmas, se realicen las votaciones, y la SCJN califique la constitucionalidad de la consulta popular, los resultados de la misma podrían ser vinculantes (obligatorios), solo cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, así lo señala la Constitución.
¿Qué valor le daría a la consulta popular a través de la cual se pretende juzgar a los expresidentes?
Sin duda alguna, es positivo que nuestra Constitución contenga medios de participación ciudadana directa, sobre todo, en un sistema político en el cual los distintos partidos, le han quitado protagonismo a la ciudadanía, dejándola de lado.
Sin embargo, si tuviera que darle algún valor a la consulta popular que busca juzgar expresidentes, diría que es nulo, tanto jurídica como democráticamente; porque parece un juego político y populista más, de esos que tanto daño le han hecho a nuestro país, pero que le agradan en demasía a los políticos de siempre, por los dividendos que les pueden dejar en las casillas electorales, sobre todo, de cara al proceso electoral del 6 de junio del próximo año, que aún cuando para muchos ciudadanos parezca lejano, para los políticos no lo es tanto, muestra de esto, es que ya comenzaron las disputas dentro de los mismos partidos, con la finalidad de hacerse de una candidatura; así como los actos anticipados de campaña, los cuales, se han visto en Tlaxcala con la entrega de despensas por parte de algunos legisladores.
Es claro que desde la Presidencia de la República, se ha vendido la idea a la ciudadanía de que a través de esta consulta popular, se va a juzgar y sentenciar a los expresidentes si es que gana el “sí” (aún cuando en algunos casos, los supuestos delitos por los que se les pretende investigar, ya habrán prescrito, haciendo que los expresidentes sean inimputables), lo cual representa una grave afrenta al principio de presunción de inocencia, derecho del cual gozamos todos los mexicanos, situación que haría inviable la misma consulta, pues recordemos que no puede vulnerar los derechos humanos de ninguna persona. Lo anterior, le puede gustar o no a muchas personas, pero así es como jurídicamente operan las cosas.
Ahora bien, si dejamos de lado el mensaje que el Presidente de la República le ha querido vender a la ciudadanía en sus famosas conferencias mañaneras, nos daremos cuenta de que la pregunta expresamente planteada en la consulta, en realidad es mucho menos agresiva, pues señala: “¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?”
¿De verdad es necesario preguntar lo anterior a la ciudadanía ?; los que están en el poder, ¿no se han dado cuenta que están ahí porque los mexicanos ya no quieren más corrupción e impunidad?; los servidores públicos que promueven estas consultas, ¿sabrán que desde sus diferentes esferas de actuación tienen la obligación de enfrentar la impunidad y la corrupción?
Es momento de exigir a los políticos que dejen de jugar con los ciudadanos, si nos quieren dar participación, que no sea a través de consultas inviables y falaces. Mejor quiten los candados a las candidaturas independientes, equilibren la balanza; permitan una verdadera participación ciudadana; promuevan la cultura de la legalidad; sin miedo, asistan a los foros en las universidades y con la sociedad civil; regresen a sus distritos y escuchen a la ciudadanía; cumplan con las atribuciones y facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes les señalan.
Twitter:@JUANFERESPINO
