Por considerar que los actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), no son los legales, la empresa Group Bussines Bizmarts solicitó, de manera indirecta, el amparo y protección de la justicia federal contra los actos con relación a la presunta huelga que estalló el pasado 5 de junio en el Hotel Posada San Francisco.
El amparo promovido por esta empresa se da cuenta que el contrato colectivo firmado con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias Varias concluyó el 31 de mayo de 2020, de manera paralela a la terminación del contrato de arrendamiento del inmueble con el gobierno del estado de Tlaxcala.
Al respecto, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Tlaxcala, Justino Hernández Xolocotzi mencionó que al momento no ha recibido la respuesta por parte de la JLCA con relación a la validez o no del movimiento de huelga.
Te comento que el proceso continúa, la empresa se amparó ante el juzgado de distrito en contra de los actos de la presidenta de la Junta Local y el desahogo de la audiencia. Nada más estamos esperando que se notifique el resultado, no sabemos en qué términos, así que hay que esperar todavía esa parte y seguramente de ahí se va a derivar todo el asunto de si es legal o no el estallamiento de la huelga o quién tendrá que ser responsable de esta situación”, ahondó.
De acuerdo con el juicio de amparo indirecto, la empresa aduce que el contrato colectivo con el sindicato establece en la cláusula segunda que el contrato de los trabajadores “será por un tiempo igual al contrato de arrendamiento del inmueble celebrado con el gobierno del estado”.
El 23 de junio de 2020, la empresa Group Bussines Bizmarts interpuso el juicio de amparo para recurrir los acuerdos del 2 y 4 de junio de la JLCA, así como cualquier acuerdo que se haya emitido respecto al supuesto estallamiento de la huelga promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Industrias Varias.
Es de mencionar que en el primer acuerdo, la empresa acusa al secretario B de la JLCA de conducirse con abuso de autoridad, pues intentó presionar a la empresa para llegar a un acuerdo con el sindicato, pero al no haber respuesta, determinó suspender la audiencia que se celebraba y se convocó a otra reunión para el 3 de junio, cuando la empresa ya no disponía del inmueble.
Para el 4 de junio se suspendió la revisión ocular para verificar que el inmueble ya no estaba en posesión de la empresa, “situación que deviene por sí sola en ilegal e inoperante, pues bajo su perspectiva, la Junta no tenía certeza de que tenían la posesión, lo que conllevaría a determinar que la huelga quedó sin objeto, pues la relación de trabajo había quedado concluida”.
Con lo anterior, la empresa defiende que sus garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política federal fueron violentadas y corresponden al derecho de audiencia y legalidad, las cuales “fueron violadas por los responsables al emitir sus actuaciones en desapego a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo”.
En consecuencia, la empresa considera que es “ilegal e inoperante esta determinación, pues bajo esta circunstancia no pueden convalidarse ambos extremos porque dicha determinación carece de fundamentación y motivación, con lo que se viola el principio de legalidad que rige el proceso establecido en la Ley Federal del Trabajo”. Dicho documento señala que el 7 de abril de este año, el gobierno del estado manifestó su intención de no renovar el contrato de arrendamiento respecto del inmueble.
- Incluso, el contrato no se renovó porque el gobierno del estado “se negó a continuar arrendando el inmueble a la empresa Grupo Industrial y Constructor S.A de C.V., como se acreditó en el acta de entrega–recepción de 1 de junio de 2020, con lo cual consta que el gobierno del estado de Tlaxcala recibió la propiedad, así como las llaves de acceso a dicho inmueble”, concluyó.
