José Miguel C. Núñez Núñez
“Todos los aduladores
son mercenarios”
Aristóteles
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Esto es lo que manda nuestra Constitución federal en el tercer párrafo del artículo primero, luego entonces, el C. presidente está obligado a cumplirlo. No solo él. T O D O S.
“Queda prohibida toda discriminación motivada por… las opiniones… o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. El mismo artículo primero constitucional, en su quinto y último párrafo es clarísimo en cuanto a que nadie, N A D I E, puede discriminar a otra persona por sus opiniones en M É X I C O.
Con los anteriores antecedentes, expongo:
Para juzgar a los expresidentes de la República o a cualquier funcionario público de cualquier nivel, basta y sobra con que la Fiscalía General de la República arme expedientes y presente las denuncias correspondientes. Así de simple. (Ver artículos 20 y 21 constitucionales)
Y si se pretende llevar a cabo una consulta popular, basta con que la Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores convoquen a dicha consulta, a petición del presidente de la República. Igual. Así de simple. (Ver inciso a del numeral 1º de la fracción VIII del artículo 35 constitucional)
¿Por qué involucraron al Poder Judicial? Diría mi madre: “Saben su pecado”.
Involucran al Poder Judicial, para culparlo de no poder realizar la consulta, como si la no realización de la consulta popular, impidiera juzgar a los expresidentes.
En el mismo sentido está la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) en la elección interna de la dirigencia nacional de Morena. Ya tienen los morenistas más “puros y pulcros”, a quien culpar de su derrota en la elección de su dirigencia nacional.
Están sometiendo al país, a México, a las y los mexicanos, a un desgaste institucional innecesario y a mantener artificialmente una división entre compatriotas, en momentos en que se necesita U N I D A D.
Unidad, en torno a las instituciones, NO en torno a las personas. Las personas somos pasajeras, las instituciones, no.
Esto ocurre, a pesar de que hay morenistas que en su momento lucharon porque hubiera un poder Judicial independiente, autónomo. Hoy, parecen olvidarlo.
También hay morenistas que lucharon porque hubiera un instituto electoral que no estuviera sujeto al gobierno. Hoy, lo han olvidado por completo. (Bueno, Bartlett, si tiene muy claro que el INE debería ser presidido por él, y por nadie más. Además querrá que regrese a ser dependiente de la secretaría de Gobernación. Esta sería la transformación anhelada por el propio Bartlett, Ackerman, Taibo II, Epigmenio Ibarra, el señor telenovelas de TV Azteca y muchos morenistas más, y claro, Fernández Noroña, el pequeño burgués, quienes tienen derecho a pensar como gusten, pero no a ejercer el poder como les dé la gana, tienen también que sujetarse a la Ley y están más obligados a cumplirla).
Obvio, ya se desató la ola de críticas y cuestionamientos al poder Judicial. Y sin embargo, ignoran que la declaratoria de inconstitucionalidad de la consulta popular, garantiza el proceso judicial que se quiera iniciar en contra de los expresidentes de la República.
Si el poder Judicial declarara procedente la consulta popular, estaría engañando a las y los mexicanos. El simple hecho de hacer la consulta popular (Ver numeral 3º del artículo 35 constitucional), en automático invalidaría cualquier sentencia en contra de los expresidentes. No solo eso, cualquiera de los expresidentes llevados a juicio, podría exigir todo tipo de reparaciones por el daño causado a su persona. ¿Qué pasó con el hermano del expresidente Carlos Salinas?, le devolvieron sus cuentas bancarias y sus propiedades; ¿Qué pasó con la maestra Elba Esther? Lo mismo. Lo vamos a ver con Lozoya. Y eso, que en los tres casos no hubo consulta popular. Lograron “salvar el pellejo” y mucho más.
Si de verdad queremos enjuiciar a los expresidentes, que se proceda ya, desde la Fiscalía General de la República, sin más. Ciertamente Pilatos sería un personaje ejemplar hoy, por “lavarse las manos”.
