El pasado martes 15 de septiembre, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, ejerció una de las facultades contenidas en el artículo 35, fracción VII, numeral primero, inciso a, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), consistente en realizar una petición al Congreso de la Unión, con la finalidad de convocar a una consulta popular, la cual supuestamente busca juzgar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por aquellos delitos que pudieran haber cometido en el ejercicio de sus funciones.

Al efecto, antes de poder realizar la consulta popular, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), máximo garante de la CPEUM, ejerza el medio de control constitucional conocido como “calificación de la constitucionalidad de la consulta popular”, el cual consiste en determinar si la pregunta planteada a través de este mecanismo de participación directa es concordante con los principios señalados en la CPEUM, sobre todo, con el artículo 35, el cual señala que “no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni de las garantías para su protección… La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta”.

Fue precisamente en días pasados, cuando la petición de consulta popular arribó a la SCJN, siendo el Ministro, Luis María Aguilar Morales, el encargado de trazar el proyecto correspondiente, el cual se presentará ante el Pleno del máximo tribunal mexicano, en donde los 11 ministros votarán y definirán si la consulta es constitucional o no.

Al efecto, el jurista en turno, presentó un documento de 43 cuartillas, bajo el rubro “Revisión de la materia de consulta popular 1/2020”. De entrada, debo decir que de acuerdo con el criterio del Ministro Aguilar Morales, la consulta popular que busca juzgar a los expresidentes, debe ser calificada de inconstitucional, lo anterior, debido a las siguientes aristas:

  1. Restricción de derechos humanos. Condicionamiento de su eficacia y validez por el resultado de la consulta.

El Ministro Aguilar Morales, explica que la consulta popular, es un derecho humano que desde el nueve de agosto del 2012, permite la participación activa de las mexicanas y mexicanos en la toma de decisiones de trascendencia pública, y que para el efecto de proteger y materializar tal derecho, la propia CPEUM establece los alcances y requisitos que debe cumplir una solicitud de consulta popular, es decir; que preserve principalmente la democracia mexicana, así como la protección de los derechos humanos de todas las personas.

Señala que de acuerdo al artículo 35 de la CPEUM, no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, ni de las garantías o mecanismos para su protección, por lo tanto, la consulta popular no puede tener por objeto expreso o implícito, temas que involucren la restricción de esos mismos derechos, como lo es el caso de lo que se pretende hacer con esta consulta popular.

De igual manera, menciona algo que me agradó bastante, en el sentido de que “los derechos humanos de las personas que habitan en México son contramayoritarios”, es decir, que deben ser protegidos por todas las autoridades del país, aún cuando esos derechos puedan resultar incómodos o socialmente cuestionables, y por lo tanto, no pueden restringirse, aún cuando la mayoría de las personas que voten en una consulta popular lo estimaran así.

  1. Restricciones de los derechos de acceso a la justicia y a obtener medidas de restitución y reparación de las víctimas u ofendidos de los delitos.

Señala que el objeto de la consulta popular para juzgar expresidentes, también es inconstitucional, porque pone en riesgo los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos a los que se alude en la pregunta y en la solicitud para realizar la consulta. Dicho de otra forma, pareciera lógico que en caso de presentar esta consulta, la mayoría de los mexicanos votarían porque se juzgue, no solo a los expresidentes, sino a todo aquél que haya cometido un hecho que la ley señale como delito, pero, ¿qué pasaría si aconteciera lo contrario?, es decir, en el hipotético caso de que los mexicanos no estuvieran de acuerdo. Esto sería bastante peligroso, sobre todo si la consulta cumpliera con los requisitos para que su resultado sea vinculante, es decir, obligatorio.

Al efecto, algunos de los artículos que se estarían violentando son: el 17 de la CPEUM, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia pronta, completa e imparcial en beneficio de todas las personas, lo cual incluye, el derecho de las víctimas de un delito u ofendidos a que les sea reparado el daño generado; así como el 20 del ordenamiento citado con anterioridad, el cual reconoce el derecho de las víctimas a que se les repare el daño causado y se les restituyan sus derechos.

  1. Presunción de inocencia de las personas y riesgo a la viabilidad de futuras investigaciones y procesos penales.

De manera acertada, el Ministro explica que el objeto de la consulta puede vulnerar la presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio público, lo cual sería inconstitucional por afectar el derecho al debido proceso penal. De igual manera, argumentó que este ejercicio podría tener un efecto negativo en los derechos de las posibles víctimas, así como de la sociedad en general.

Lo anterior debido a que la forma en la que se redactó la pregunta permite identificar, con absoluta claridad, aquellas personas a las que se propone investigar penalmente, lo que vulneraría la presunción de inocencia, contenida en el artículo 20 de la CPEUM, la cual, es un derecho no solo de los expresidentes, sino también de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional.

  1. Restricciones a las garantías para la protección de los derechos humanos: instituciones de procuración de justicia.

Considera que de realizarse esta consulta popular, se estaría haciendo referencia a las garantías y mecanismos para la protección de los derechos humanos contenidos en la CPEUM, lo cual no es permitido por el artículo 35 de este texto normativo. Al efecto, aclara que la consulta popular no puede tener por objeto temas que involucren una restricción o limitación de las garantías de protección de los derechos humanos, debido a que existe una independencia inherente entre los derechos y los mecanismos para su protección, de manera que si se restringe o limita el correcto funcionamiento de estos mecanismos, sería imposible asegurar tanto la vigencia como el disfrute pleno de los derechos humanos.

En este sentido, el Ministro Aguilar Morales, señala algo que es bastante grave: se está sometiendo a la opinión popular la aplicación de la Ley, situación que podría afectar negativamente las funciones constitucionales de procuración e impartición de justicia, así como el debido proceso legal que debe regir en todo Estado constitucional y democrático de derecho.

  1. e) La consulta rompe con el principio de igualdad.

El jurista de la SCJN hace referencia al artículo 4 de la CPEUM, en el cual se contempla el principio de igualdad, señalando que este se refiere a una igualdad ante la ley. Lo anterior es relevante, porque la consulta popular para juzgar expresidentes, puede afectar dicho principio, debido a que todas las personas tienen derecho a recibir el mismo trato, cosa que no estaría aconteciendo en este caso, porque no se justifica el escrutinio público al que se estaría sometiendo a los expresidentes, con la finalidad de saber si se les debe investigar y en su caso, sancionar penalmente.

¿Qué va a suceder?

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la conoceremos el jueves primero de octubre, sin embargo, es claro que la consulta popular no va a ser calificada como constitucional, como lo han señalado una y otra vez distintos juristas mexicanos a lo largo de las últimas semanas. En este sentido, sobra decir que inclusive, el propio Ministro Aguilar Morales, ha señalado que bastaría con uno de los cinco puntos mencionados a lo largo de esta colaboración, para declarar este ejercicio democrático (¿o antidemocrático?) de inconstitucional.

Sin duda alguna, se comienza a vislumbrar el valor verdadero de esta consulta popular para juzgar expresidentes, situación que fue bastante discutida, principalmente por aquellos políticos afines a MORENA. Al efecto, como lo mencioné en una colaboración anterior, la valía de esta consulta será nula, al menos para la sociedad, pues no perdamos de vista que para muchos políticos, resulta la bandera perfecta para seguir ganando votos, distraer a la ciudadanía de las cuestiones relevantes en el país; y por qué no, de paso, golpear a la SCJN, pues es claro que cuando señale la inconstitucionalidad de esta consulta, las críticas ciudadanas sin fundamento no se harán esperar.

Twitter: @JUANFERESPINO

 

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