La eliminación de fideicomisos y fondos que sustentan actividades de protección para defensores de derechos humanos, periodistas y víctimas pone en serio riesgo la vida de estas personas, indicó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en Tlaxcala, Víctor Manuel Cid del Prado Pineda.
En entrevista, expuso que la Federación Mexicana de Ombuspersons, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH), han tomado con preocupación la aprobación que se hizo por parte de la Cámara de Diputados al eliminar el Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, destinado a implementar medidas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo como consecuencia de su labor.
Puntualizó que quienes defienden los derechos humanos y ejercen la libertad de expresión en México enfrentan una situación de riesgo marcada por la violencia y las amenazas, aunque en Tlaxcala no tienen denuncias, se han dado casos sin mayor consecuencia.
Ahondó que de acuerdo con el Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México es el segundo país del mundo con un mayor número de periodistas asesinados, sólo detrás de Irak. Durante los años 2019 y 2020, México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019, la ONU-DH documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores; mientras que en lo que va del año la ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos.
Expuso que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones de proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en México.
Por ello, las expresiones públicas de la CNDH y ONU-DH han destacado la necesidad de garantizar la rapidez, flexibilidad y adaptación a las circunstancias de cada caso en la decisión e implementación de medidas de protección y el fideicomiso mostró ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país.
Con la determinación que tomaron ahora debería realizarse alguna reforma al mismo para que a las víctimas de delitos se les evite cualquier riesgo de desprotección y se parta del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos para la reparación integral del daño a quienes sufrieron violaciones de derechos humanos.
Recordó que la semana pasada emitieron un pronunciamiento donde comparten estas consideraciones para contribuir al profundo análisis que corresponde realizar al Senado de la República sobre la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, que se beneficiaría con la convocatoria de una participación amplia en el proceso de dictamen, hacia el objetivo compartido de valorar y prevenir posibles consecuencias negativas sobre la vigencia y protección efectiva de los derechos humanos.
