Nuestra constitución reconoce en su artículo 11 el derecho fundamental de toda persona para transitar libremente por todo el territorio nacional sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes y sin mas restricciones que las impuestas por el Estado por causa de responsabilidad criminal o civil o en materias de emigración, inmigración y salubridad general.
En relación con ello, el artículo 27 de la propia Constitución es claro en precisar que las tierras y aguas son propiedad original de la nación. Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales, reglamentando dicho precepto constitucional, especifica que las playas son bienes de uso común, sujetas al régimen de dominio de la nación.
En este sentido, tanto a nivel constitucional como legal, las playas son públicas y por tanto, el libre transito sobre ellas constituye un derecho fundamental.
No obstante, la política resultante de combinar una visión patrimonialista de los bienes públicos con un modelo económico neoliberal, cáracteristica de las administraciones pasadas, dió como resultado la paulatina privatización de las playas del país, entregándolas mediante concesiones a grandes transnacionales en un acto de clasismo, despojo y discriminación en contra de los mexicanos.
Lo anterior significa la privación para una gran parte de la población, respecto al acceso al patrimonio natural nacional que representan la gran variedad de sistemas marinos y costeros que forman parte de los mas de 11 mil 122 kilómetros de extensión que comprenden las playas mexicanas.
Afortunadamente, la actual legislatura se ha caracterizado por dedicar esfuerzos para la reivindicación de los derechos originales del pueblo, deshaciendo los agravios perpetrados en los gobiernos pasados, procurando un equilibro entre las libertades comerciales y el bienestar general.
En dicha linea de trabajo y atendiendo a la problemática previamente descrita, el 29 de septiembre, el Senado de la República aprobó por unanimidad, una minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas, eliminando las prácticas discriminatorias de muchas empresas, cuyas concesiones son ilegitimas de origen.
Con esta reforma se garantiza el libre uso de las playas y de las zonas federales marítimas terrestres, contemplando sanciones para los particulares o todos aquellos que impidan el ejercicio de este derecho, previendo la revocación de concesiones o permisos sobre aprovechamiento, así como la impocisión de multas de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
En suma, con esta medida se incentivará el turismo, fortaleciendo a este sector en un momento crucial, pues debido a la pandemia han cerrado más de 10 mil pequeños negocios del sector.
Es así que con la aprobación de reformas como esta, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión sigue avanzando en su labor de devolver a la sociedad aquellos derechos traducidos en bienes y servicios que por generaciones les han sido privados.
