A propósito del Día Internacional contra la corrupción que se conmemora este 9 de diciembre se estima que el 83.4 por ciento no denunció su victimización por corrupción durante el año anterior, mientras que entre 2013 y 2019, Tlaxcala registró la disminución en 1.2 por ciento la prevalencia de actos de corrupción.
Así lo dio a conocer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, donde ubican a Tlaxcala en el sexto lugar nacional de entre las entidades en donde disminuyó la prevalencia de corrupción de 2013 a 2019, sólo por debajo de Zacatecas, Tabasco, Chihuahua, Michoacán y Baja California.
Tlaxcala en el 2013 registró el 12.8 por ciento en la prevalencia de corrupción, mientras que para el 2019 disminuyó a 11.6 por ciento.
En tanto que los lugares donde aumentó la prevalencia de corrupción en el periodo de referencia fueron en Durango, Cd de México y México.
Pese a la disminución que se registró en el porcentaje de prevalencia de actos de corrupción, el Inegi, revela que en Tlaxcala el 83.4 por ciento no denunció su victimización por corrupción en 2019, ubicando al estado en el noveno lugar del país solo por debajo de Durango con 92.7 por ciento, Guerrero con 91, Michoacán con 90, Zacatecas con 88.8m Tabasco con 86.4, San Luis Potosí con 86.3, Estado de México con 84.8, Querétaro con 84.5. El promedio nacional fue de 81 por ciento.
Además, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2019, en el país el 28.77 por ciento de la población no denuncia porque es inútil, no le darían seguimiento, el 18.55 por ser una pérdida de tiempo y el 12.83 por ciento por falta de tiempo; en menor porcentaje se encuentra porque la corrupción es una práctica muy común con 11.04 por ciento, se obtuvo un beneficio con 9.23, por miedo a represalias con 8.71m porque no sabe ante quién denunciar con 5.84 o porque dio dinero o regalos u otro motivo con 4.10 por ciento.
Tlaxcala cuenta con su comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, consejo o Comité de Participación Ciudadana, Fiscalía Anticorrupción u homóloga, Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa y planes y programas anticorrupción.
En tanto, que el 28.3 por ciento de los municipios de Tlaxcala reportaron que cuentan con plan o programa municipal anticorrupción y el 71.7 por ciento no.
En el país, Hidalgo es el estado con el mayor porcentaje de ayuntamientos que han avanzado en la materia con el 53.6 por ciento, en el lado opuesto, Tabasco reportó que el 100 por ciento de sus municipios no lo han hecho.
El Inegi concluyó que la relación entre las acciones de política anticorrupción adoptadas por las entidades y la tasa de denuncia, aún no se perciben indicios de que la implementación de los mecanismos institucionales de combate a la corrupción genere los incentivos en la población para denunciar el hecho.
La información oficial destaca que uno de los indicadores más comunes para medir la corrupción es la prevalencia de soborno, dado que implica, en términos jurídicos, que un servidor público, por sí mismo o por medio de otra persona, solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones.
Con lo anterior, se da cuenta que pese a los esfuerzos institucionales por integrar los mecanismos anticorrupción derivados de la ley o de implementar planes o programas en la materia, las cifras de víctimas de soborno al realizar trámites o al estar en contacto con alguna autoridad muestran una tendencia creciente desde 2013, de manera que en 2019 hubo tres víctimas más de corrupción por cada 100 habitantes que lo que había en 2013.
A nivel desagregado, se tiene que los actos de corrupción han aumentado en 25 de las 32 entidades en el periodo analizado, siendo Durango, la Ciudad de México y México las entidades que exhibieron las mayores prevalencias de corrupción en el país para 2019.
Además, en 2019, el monto total por actos de corrupción que experimentaron las personas al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, y otros contactos con autoridades, ascendió a 12 mil 770 millones de pesos, lo que representó 3 mil 822 pesos promedio por persona afectada.
A precios constantes, entre 2017 y 2019 el costo del soborno en la población aumentó 63.1 por ciento al pasar de 7 mil 218 millones en 2017 a 11 mil 775 millones en 2019. Acerca del costo que representa el trámite con mayor prevalencia de corrupción, es decir, la corrupción derivada del contacto con autoridades de seguridad pública, este fue de 2 mil 244 millones de pesos en 2019, lo que significó un gasto promedio de mil 294 pesos por cada víctima.
