En la reciente plenaria de Morena, la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, manifestó su intención de presentar ante el Senado de la República la Ley de remuneraciones de Servidores Públicos para su inmediata aprobación y aplicación.
Esta ley, refirió, tiene por objetivo en primera instancia regular las remuneraciones de los servidores públicos de la federación, de sus entidades y dependencias así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales.
Además de contemplar fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público federal quienes recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función empleo cargo o comisión.
La cual deberá ser proporcional a sus responsabilidades determina que la secretaría de hacienda y crédito público y de la función pública y estas a su vez, sean las entidades facultadas para establecer el manual de remuneraciones de los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias así como los poderes Legislativo y Judicial.
Asimismo, la citada ley establece que el salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de referencia por los 10 grupos jerárquicos definidos por el manual de percepciones de la administración pública federal y el resultado deberá ser dividido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado.
También establece que en el caso de los servidores públicos de segundo y tercer grupo jerárquico, se aplicará un parámetro de proporcionalidad estricto conforme al cual en la remuneración del presidente y del secretario de estado deberá existir una diferencia de hasta el cinco por ciento.
Finalmente, establece el control, responsabilidades y sanciones a las que estará sujeto cualquier servidor público ante cualquier denuncia formulada por las personas que expresen faltas administrativas y actos de corrupción ante un órgano de control interno de los entes públicos.
“De esta forma la emisión de la nueva ley contribuirá a la construcción de un esquema de remuneraciones que ofrezca un eficiente ejercicio de la responsabilidad de su públicas en favor de toda la población a través de la búsqueda y permanencia de profesionales con un perfil idóneo para el puesto cargo o comisión que se le confiere”.
