El Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés denunció la falta de ejecución del Plan Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los mismos, ya que el anuncio de supuestos avances en la materia resulta simulación por parte del gobierno local, si no hay acciones articuladas y contundentes, debido a que Tlaxcala ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el delito de trata, al tener una tasa de 2.12 casos por cada cien mil mujeres.
Exponen mediante un documento, que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE), difundió recientemente resultados en el “combate contra la trata de personas”, en el cual informan que se han radicado 13 carpetas de investigación por este delito, además de proporcionar atención a las víctimas, y vincular a nueve personas a proceso.
Recuerdan que el Plan Estatal fue aprobado desde febrero de 2019, sin embargo, a la fecha no se ha ejecutado. “El Consejo Estatal contra la Trata de Personas tampoco ha dado seguimiento. Mientras tanto en el segundo semestre de 2020, de acuerdo con datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlaxcala ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el delito de trata, al tener una tasa de 2.12 casos por cada cien mil mujeres”.
Por lo anterior, tanto a la PGJE, como a las instituciones de los tres poderes de gobierno, demandaron acciones contundentes y articuladas, donde lo mínimo resulta en la ejecución del Plan Estatal en la materia, a fin de que la terrible violación a derechos humanos que implica la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, sea efectivamente atendida, con miras a su contundente erradicación.
Al respecto, el organismo defensor de los derechos humanos, considera que, “las cifras presentadas por la Fiscalía Especializada no reflejan la realidad, ni la gravedad del problema de trata de personas en el estado”.
Señalan que las acciones realizadas, si bien son necesarias, no son suficientes para combatir una problemática tan compleja.
Ahondan que los albergues temporales no son una medida de atención adecuada, se requiere la existencia de refugios especializados o el enlace con este tipo de refugios existentes. Para una atención efectiva esta debe ser integral, siendo necesaria la articulación de la política gubernamental.
Observan que la presentación de datos de la Fiscalía se muestra orientada a sugerir avances en la materia, sin embargo,” mientras no se opere el Plan Estatal, toda acción suelta pareciera ser más una simulación. Aunado a ello la vinculación de personas a proceso no tendrá significado mientras no se emitan las sentencias condenatorias en el ámbito del poder judicial”.
