El pasado nueve de abril, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hizo acto de presencia en la denominada conferencia “mañanera”, con la finalidad de pronunciarse acerca de la violencia de la cual estaban siendo objeto algunos candidatos a cargos de elección popular en distintos estados de la República. Al efecto, la servidora pública federal, informó que se tenían registradas más de 117 denuncias por amenazas en contra de aspirantes a cargos públicos, mientras que se contabilizaban diez candidatos en calidad de asesinados o desaparecidos.
Dentro de esta última cifra, se encuentran los asesinatos de Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín (joven de tan solo 23 años de edad), madre e hija que tenían presencia en la política del Estado de Veracruz, debido a que la primera fue presidenta municipal de Cosoleacaque, mientras que la segunda pretendía contender por un escaño en el Congreso de aquel Estado; el homicidio de Juan Antonio Acosta Cano, quien había sido registrado como precandidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la presidencia municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, en el Estado de Guanajuato; y el asesinato de Ivonne Gallegos, quien se encontraba trabajando para lograr su registro como candidata independiente a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.
El caso de Ivonne Gallegos en particular, es lamentable por donde se le vea, debido a que ella ya había sido víctima de la delincuencia, pues seis años atrás, su esposo que también se dedicaba a la política, fue asesinado. Además, algo que ha generado verdadera indignación entre los mexicanos, es que este asesinato pudo haber sido facilitado por la negligencia de las autoridades oaxaqueñas, pues días después del terrible suceso, se dio a conocer que Ivonne había acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, con la finalidad de solicitar protección, pues denunció que había estado recibiendo amenazas. Desgraciadamente, la custodia que pidió de manera desesperada nunca llegó, teniendo como resultado el lamentable desenlace que ya todos conocemos.
Como consecuencia de los hechos aquí narrados, la propia titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, culminó su participación del nueve de abril señalando con una frase (de esas que suenan bonito), que “no permitiremos que el partido del crimen decida”. Sin embargo, en los últimos años, a los mexicanos nos ha quedado claro que no existe discurso, por más adornado que sea, capaz de cambiar o solucionar los problemas que vive nuestro país, entre ellos, el de la inseguridad. Lo anterior, es necesario resaltarlo, debido a que en días pasados, se volvieron a registrar dos actos de violencia en contra de candidatos a cargos de elección popular.
El primero de estos eventos, aconteció el jueves 22 de abril, cuando César Enrique Palafox Quintero, candidato al Congreso del Estado de Michoacán, se dirigía a un evento proselitista, y mientras circulaba por la carretera Uruapan-Carapan, fue atacado por varios sujetos a bordo de una camioneta que momentos después se perdió en el camino. Si bien el político en turno salió ileso del ataque, se informó que uno de sus escoltas no corrió con la misma suerte y falleció en el lugar.
El segundo suceso, tuvo como consecuencia el asesinato de Francisco Rocha, del Partido Verde Ecologista de México, quien se encontraba contendiendo por una curul al Congreso del Estado de Tamaulipas, entidad que es tristemente célebre por las historias de terror relacionadas con la violencia, las cuales son relatadas por la propia ciudadanía. Desgraciadamente, hechos de este tipo parecen repetirse cada proceso electoral.
Tlaxcala no es la excepción
Si bien es cierto, en la ya citada conferencia del 9 de abril, Rosa Icela Rodríguez Velázquez hizo énfasis en el hecho de que el 47% de la violencia en contra de candidatos se encontraba concentrada en tan solo seis entidades de la República mexicana, como lo es el caso del Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo, es claro que Tlaxcala no ha sido ajena a esta situación.
Uno de los ejemplos más claros y tal vez más graves, fue el recopilado por varios medios de comunicación de la entidad el 25 de noviembre del año pasado, cuando se reportó que un grupo de sujetos armados irrumpió en el municipio de una de las actuales candidatas al Gobierno del Estado. Afortunadamente, la candidata y su equipo salieron ilesos, sin embargo, se sustrajeron distintos objetos del domicilio. Aunado a lo anterior, basta revisar los perfiles de distintos candidatos, para ver los comentarios o amenazas de las cuales son objeto, situación que es preocupante.
Twitter: @JUANFERESPINO
