José Miguel C. Núñez Núñez

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasado por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Esta es la pregunta por la que se votará el próximo domingo primero de agosto, en la primera consulta popular del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Luego entonces, en realidad no será para juzgar a los expresidentes, como se ha hecho creer, lo que genera una expectativa que de antemano no se podrá cumplir, porque efectivamente no se está preguntando si se está de acuerdo o no, en juzgar a los expresidentes.

Esclarecer decisiones políticas: ¿Cuáles?

Tomadas en los años pasados: ¿De 2020 para atrás?

Por los actores políticos: ¿Presidentes de la República, senadores, gobernadores, diputados federales y locales, presidentes municipales? ¿Todos?

Como no especifica, la ciudadanía no estará tomando ninguna decisión, cualquiera que sea el sentido de su voto. Suponiendo que ganara el SÍ, quién o quiénes van a tomar la decisión de qué decisiones políticas se van a esclarecer, de qué años y de qué actores políticos.

Así las cosas, la ciudadanía no está siendo convocada para tomar una decisión. La decisión finalmente la tomará el ¿Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial?

Quien tiene la obligación de llamar a cuentas a los actores políticos, es el Poder Legislativo, sin necesidad de haber convocado a una consulta popular.

Quien tiene la obligación de acusar y presentar pruebas de corrupción y demás delitos de servidores públicos en la Fiscalía General de la República, y no lo ha hecho. Hasta el momento y ya llevan tres años gobernando, no ha presentado ninguna pesquisa por corrupción en contra de los expresidentes ni de algún otro funcionario, presente o pasado. No se pierda de vista que tanto Rosario Robles como Lozoya, tienen procesos judiciales abiertos por juicios iniciados desde la administración de Peña Nieto. El caso es que la 4T, en casi tres años, no ha solicitado el ejercicio de la acción penal en contra de algún actor político relevante, y para hacerlo no necesita que se convoque a una consulta popular, simplemente que se ponga a trabajar.

Un paréntesis: tanto que se cacareó el tema de Lozoya por actos de corrupción en acuerdos comerciales con Obedrecht y el pasado 3 de marzo del presente 2021, el presidente López Obrador calificó de “muy buena noticia” el acuerdo logrado con Braskem, filial de Obedrecht precisamente. Es decir, la 4T sigue contratando con Obredrecht.

Retomando el tema que nos ocupa, la consulta popular fue convocada por el Congreso de la Unión, a petición del Presidente de la República. El Instituto Nacional Electoral (INE) organiza la consulta popular, conforme a la convocatoria emitida por el Congreso de la Unión. Cualquier defecto por cuánto a los tiempos de difusión, es responsabilidad del propio Congreso de la Unión, no del INE, cabe hacer la aclaración, ya que Morena en su afán de seguir golpeando al INE, lo responsabiliza por ello, cuando fueron sus propios diputados y senadores, que son mayoría, quienes así lo aprobaron.

Como podemos ver, la consulta popular no es para juzgar a los expresidentes de la República. Quien diga lo contrario, está mintiendo. Y no porque yo lo diga. Simplemente relea la pregunta que estará en la boleta de votación de la consulta y saque sus propias conclusiones.

Mire, no se necesita ser adivino, simplemente piense que es altamente arriesgado preguntar a la gente, si se debe de juzgar a los expresidentes. La respuesta es obvia.

Los políticos no escupen al cielo. Aunque en la 4T han escupido incansablemente y parecen no darse cuenta cuán embarrados ya están.

El caso es que de llevar a juicio a Carlos Salinas, se tendría que llevar también a juicio, a Bartlett, Ebrard, Monreal, etc., etc. Es interesante que analice y verá que el gobierno federal con más salinistas, es precisamente el de la 4T.

Pero bueno. Que conste. El primero de agosto no se votará para enjuiciar a los expresidentes. Así está diseñada esta consulta, aprobada por Morena y por las cámaras de diputados federal y de senadores de la República, con los votos de la mayoría que tiene Morena en ambas cámaras.

Así las cosas, sí será una consulta, pero no popular, porque quiénes decidirán, no serán los electores que acudan el primero de agosto. Los que decidirán serán unos pocos, será decisión de una cúpula, incluso puede ser que la decisión sea tomada por una sola persona, ya sabes quien.

Al final, pura distracción.

Mientras la inseguridad pública, la falta de medicamentos, el mal manejo de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus secuelas económicas y sociales, los feminicidios, las desapariciones de personas, los asesinatos de periodistas, el cerco y las agresiones contra los periodistas, el uso faccioso de las instituciones de investigación y de fiscalización, la corrupción, la impunidad, siguen y también impunes. En realidad, no hay alguna transformación en marcha. En muchos temas el país está paralizado y en muchos otros, que tienen que ver con la democracia, la libertad y el combate a la pobreza, vamos para atrás.

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