Guillermo Yrisar Barbosa, sostuvo que para el caso de la migración ilegal existen alojamientos forzados, mismos que catalogó como privación ilegal de la libertad, acciones que llevan a cabo autoridades migratorias en el país.
Enfocado en las estaciones migratorias de la zona Tlaxcala-Puebla, el investigador aseguró que luego de una exploración encontró que dichos lugares sufren de hacinamiento aunado a la privación ilegal de la libertad.
Con el sustento del informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala, 2020-2021, Yrisar Barbosa aseguró que las autoridades en su conjunto, así como organizaciones civiles, deberán generar coordinación para evitar la criminalización de migrantes ilegales, pues lo único que hacen al transitar por territorio mexicano sin documento, es una falta administrativa.
Respecto a las estaciones migratorias, sostuvo que las autoridades migratorias deberán evitar una operación estilo centro carcelario temporal y convertir a estos espacios en lugares idóneos, limpios y que cuenten con servicios integrales en favor de los migrantes que arriben a la zona comprendida por Tlaxcala y Puebla.
Asimismo, consideró que deberán contar con la vigilancia necesaria de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y de los migrantes en sí.
Con lo anterior y al dar a conocer su punto de vista a través del citado estudio, aseguró que las autoridades migratorias no deberían justificar su actuar con el término de alojamiento forzado.
Afirmó que la investigación en la que participaron 45 personas detenidas en estaciones migratorias de Tlaxcala y Puebla, refleja la problemática que existe, donde participan policías estatales, municipales, Guardia Nacional, agentes del INM, entre otros.
En tanto, mencionó que el 60 por ciento de los 45 entrevistados, dijeron haber sido detenidas por supuestos agentes migratorios que en ningún momento se identificaron, aunado a que tampoco mostraron documentos que validara su actuación y mucho menos cumplieron protocolos internacionales en cuanto al uso de la fuerza pública.
Señalar que en el estudio fueron entrevistados 24 personas en estancias migratorias de Puebla y 21 de Tlaxcala, de los cuales 51 por ciento fueron de origen hondureño, cubano, nicaragüense, venezolano y canadiense.
