De acuerdo a datos registrados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Tlaxcala, encabezado por la presidenta Jackeline Ordóñez Brasdefer, señaló que respecto a la situación actual de los centros de detención preventiva municipal se visibilizó que 20 ayuntamientos no cumplieron con los elementos pertinentes y fiables de las reglas mínimas, es decir que alcanzaron un porcentaje equivalente del cero al 59 por ciento de puntuación.
Con lo anterior se destaca que 37 ayuntamientos cumplen con los elementos mínimos lo que equivale del 60 al 90 por ciento de puntuación. De entre los 20 municipios qué no cumplen con las indicaciones mínimas se encuentra Xalostoc, Zitlaltepec, El Carmen Tequexquitla, Tenancingo y Tepetitla de Lardizábal.
Cabe destacar que los municipios tienen diferente evaluación en cuanto a las condiciones de habitabilidad e higiene, inclusividad, alimentación adecuada, derecho a comunicarse, educación en derechos humanos, entre algunos otros.
Con lo anterior la CEDH exhortó a las presidentas y presidentes municipales de Calpulalpan, el Carmen Tequexquitla, Cuapiaxtla, Ixtenco e Ixtacuixtla por mencionar algunos, a realizar las gestiones pertinentes para que los centros de detención preventiva a su cargo reunan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar a las personas privadas de su libertad, una estancia digna, particularmente para que cuenten con planchas para dormir, colchonetas, iluminación y ventilación suficientes.
Del mismo modo a los presidentes municipales de Atlangatepec, Altzayanca, Calpulalpan, el Carmen Tequexquitla, Cuaxomulco, Emiliano Zapata, Españita, Hueyotlipan e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros a realizar las acciones necesarias para espacios exclusivos de alojar a mujeres en condiciones de estancia digna, así también de realizar las modificaciones necesarias para que sean espacios con accesibilidad física para personas con algún tipo de discapacidad.
Finalmente, a estas solicitudes se suman una alimentación adecuada, derecho a comunicarse, educación en derechos humanos dirigidas al personal de seguridad pública, a fin de prevenir posibles violaciones a los derechos fundamentales, educación de justicia para adolescentes; contar con un servicio médico permanente, así cómo, practicar la certificación médica correspondiente sin que presente un costo a la persona examinada, además de contar con los servicios de un juez municipal y emisión del manual de organización y procedimientos municipales con perspectiva de género, por último, dar a conocer a las y los integrantes sus facultades del consejo de honor y justicia.
