De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas presentada por el INEGI durante el 2020 en el estado de Tlaxcala 55.1 porciento de las empresas fueron víctimas de corrupción o algún acto ilícito por parte de algún elemento policiaco.
Mientras tanto el 84.7 porciento de los tlaxcaltecas mayores de dieciocho años de edad fueron víctimas de un acto ilegal por parte de elementos de la policía dentro de la entidad.
A nivel mundial se considera que la corrupción es el primer escalafón para abrir el paso a los actos más infames de brutalidad policiaca, pues se permite que miembros de la “ley” salgan impunes pese al incumplimiento de la misma.
Los actos de brutalidad y corrupción son la antítesis de la existencia misma de los organismos policiacos, cuyo objetivo básico es el orden público y el cumplimiento de las leyes. Lamentablemente dicho objetivo en muchas ocasiones sirve como excusa para que estos funcionarios usen la fuerza policial sin un sustento, lo cual trae como consecuencia acciones que causan lesiones físicas e incluso la muerte de las personas.
En muchas ocasiones estas situaciones son impulsadas por motivos de racismo, género, estatus social y un sin fin de ideologías más. Una herramienta indispensable para frenar este tipo de actos es el conocimiento por parte de los ciudadanos sobre sus derechos y los ámbitos en que la fuerza policiaca tiene derecho de actuar.
Con el objetivo de visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales u otras fuerzas de seguridad que atentan contra los derechos humanos fundamentales cada quince de marzo se conmemora el Día Internacional contra la Brutalidad Policiaca, lo que permite que la sociedad en general brinde su solidaridad a las víctimas de represión policial.
La fecha de esta conmemoración se atribuye a una agresión policial ocurrida en Suiza contra niños de once y doce años de edad, fue impulsada en el año de 1997 por el colectivo opuesto a la brutalidad policial y el grupo black flag con sede en el mismo país.
