La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE), Mary Cruz Cortés Ornelas, se sumó a la petición que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), hizo al Senado de la República, respecto a la pronta expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
En su intervención, la magistrada presidenta, expuso la necesidad e importancia de la expedición del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pues, afirmó que el alto porcentaje de los asuntos jurisdiccionales a nivel nacional, son de naturaleza civil y familiar; “en Tlaxcala, cerca del 80 por ciento del total de los asuntos que se tramitan, son de esas materias, por ello, es de suma urgencia la construcción de un sistema de justicia cotidiano que establezca procedimientos expeditos y uniformes en todo el territorio nacional en beneficio de las y los justiciables”.
La magistrada presidenta refirió que, con el nuevo Código, generarán mayor seguridad y certidumbre jurídica en los asuntos de esa naturaleza.
Por ello, Cortés Ornelas se pronunció porque se privilegien los procedimientos orales, ágiles y sencillos, que no obstaculicen una solución pronta y efectiva a los conflictos de índole civil, pero, sobre todo, familiar.
Sin embargo, precisó que la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, ha impedido que los congresos locales puedan legislar para regular diversas instituciones jurídicas que requieren ser normadas.
“Es evidente que la legislación procesal local en materia civil y sobre todo en materia familiar, ha sido rebasada y ya no se ajusta a las necesidades de la sociedad, lo que implica, para los poderes judiciales de los estados, un obstáculo para garantizar a la ciudadanía un efectivo acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial”.
Finalmente, insistió en que la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dará seguridad y equidad jurídica, al garantizar a la sociedad en general, la misma calidad y protección en la impartición de justicia en todo el territorio nacional y facilitar la sustanciación de los procedimientos.
