Salvador Leyva Morelos Saragoza, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos de la dirección general de Defensoría Pública refirió que las personas privadas de su libertad en prisión preventiva sufren de abusos en su trato y procesos judiciales.

Y es que señaló que por ley la prisión preventiva no debería durar más de dos años, esto debido a que han encontrado a mujeres que llevan hasta quince años privadas de su libertad sin sentencia.

Durante una visita al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.16 en Coatlán del Río, Morelos, refirió que encontraron irregularidades que por años no se han atendido tales como la carencia de médicos especialistas en ginecología, o bien en pediatría, ya que hay mujeres que viven en este centro acompañadas de sus hijos.

“Durante todo este tiempo que llevan como inocentes en prisión, han tenido que soportar las condiciones indignas que implican vivir en ese centro federal que es el único para mujeres en el sistema federal, no tienen atención médica especializada, ay once niños que viven con sus mamás”.

Abundó que no existe una atención médica adecuada, sobre todo para aquellas que han sido sobrevivientes de tortura y que requieren atender las secuelas derivadas de las aberraciones cometidas en su contra, secuelas que dijo, si no se atienden se agravan con el tiempo.

Asimismo, señaló que en este centro federal sufren de un abandono casi total, pues este penal se encuentra alejado de la ciudad, no es un lugar accesible, es una zona peligrosa, de ahí que sus familiares gastan sumas importantes de dinero para poder visitarlas al menos una vez al mes.

“Ante la negligencia de las autoridades penitenciarias de no otorgarles medicamentos y lo necesario para subsistir, los familiares asumen estos costos. La pena de estas mujeres sin sentencia se traslada también a sus familias, es una situación aberrante”.

Cuestionado respecto a los tiempos de privación de libertad sin sentencia que sufren las mujeres, Salvador Leyva apuntó que los excesivos tiempos de espera para sentencias si bien no son torturas se advierten como tratos inhumanos.

Explicó que la prisión preventiva de acuerdo con la Constitución únicamente puede durar dos años independientemente del tipo de delito, criterio que se reforzó a través de la Suprema Corte de Justicia, sin embargo los avances para mitigar estas acciones avanzan a paso lento debido al desinterés o prejuicio de los encargados de impartir justicia y emitir sentencias para las mueres privadas de su libertad.

“Cuando deberían estar únicamente en prisión preventiva y llevan diez, esa situación genera sentimientos de inseguridad, de desconfianza, incertidumbre, angustia de qué va a pasar con su vida”.

Refirió que en este caso de prisión preventiva existen más de 100 mil personas, mientras que una de cada dos mujeres se encuentra en prisión preventiva y el 86 por ciento lleva más de un año en esta situación y sin una sentencia.

De ahí que trabajan en insistir para la revisión de medidas cautelares y sean los propios jueces y juezas quienes trabajen de manera ordenada y sin prejuicios para atender a las personas que presumen su inocencia peso se mantienen recluidas.

Finalmente hizo un llamado para hacer uso del Defensatel 800 22 42 426, línea que se mantiene abierta las 24 horas del día donde podrán encontrar un amplio catálogo de servicios y asesorías en materia legal.

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