El Instituto Federal de Defensoría Pública ha logrado hasta la fecha 100 liberaciones de personas privadas de su libertad (PPL) mediante la aplicación de la Ley de Amnistía en todo el país.
Al respecto, el defensor público federal, Víctor Manuel Guerrero Flores, explicó que ha sido a través de acuerdos como se han logrado las liberaciones de personas sentenciadas por algunos delitos y que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
“Por ejemplo las mujeres, mujeres indígenas, personas adultas mayores, personas con padecimientos médicos, con ellas buscamos que sean perdonadas y liberadas de cualquier responsabilidad penal”.
Refirió que la Ley de Amnistía es un instrumento que como defensores públicos aprovechan para efectuar diversas solicitudes para valorar si las personas atendidas cumplen con los requerimientos de aplicación a través de la ley emitida el 22 de abril del pasada 2020.
Especificó que en delitos del fuero federal han conseguido la liberación de personas culpadas por delitos contra la salud, algunos de estos casos, refirió, se basan en el transporte de droga a nivel nacional como aquellas personas que introducen estupefacientes al país.
“Hemos logrado la liberación de algunas mujeres que por lo general son conocidas despectivamente como mulas, el decir, personas convencidas de cometer este delito donde se ha comprobado que las personas culpadas se encontraban en estado vulnerable, razón por la cual se les otorgó el beneficio de amnistía”.
Guerrero Flores explicó que dentro de las características que deben tener las personas beneficiadas se encuentran el ostentar una situación vulnerable, mujeres, personas indígenas, adultos mayores, personas con padecimientos de salud y que por su condición se les atienda de forma especializada.
Asimismo, deben ser personas no reincidentes, es decir que sea la primera vez en la comisión de un delito, en no haber utilizado armas de fuego o violencia.
“En específico, la ley de amnistía se refiere a ciertos delitos solamente como el aborto en cualquiera de sus modalidades previstas en el código penal federal aplicable a madres, médicos y familiares que participen en este caso, también por delitos contra la salud, robo simple sin violencia”.
Recordó que las personas indígenas también se atienden debido a que muchas veces no cuentan con un proceso legal informado ni se garantiza el derecho de contar con un intérprete o defensores.
