Por: José Miguel C. Núñez Núñez

El sexenio del ruido.

Todas y todos aturdidos por si se amplía o no, el plazo fijado por el propio presidente, para que el ejército intervenga en materia de seguridad pública, haciendo el papel de policías.

El tema de fondo, ni siquiera se cuestiona: cuatro leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Leyes aprobadas, violando flagrantemente la Constitución.

El artículo 21 constitucional establece que:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil…”

“La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional…”

“…la Guardia Nacional… estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública…”

Que desde leyes secundarias se pretenda modificar lo establecido en la Constitución, avalado por diputados federales y senadores de la República, refleja la sumisión total del poder Legislativo y por lo tanto hace nula la división de poderes.

Estamos nuevamente viendo escenarios que vivió México en las épocas de Antonio López de Santa Anna y de José López Portillo, en las que el poder Legislativo estuvo totalmente sometido al poder Ejecutivo.

Peor, en pleno siglo XXI, tales legisladores, pretenden revivir el fuero militar, violando el artículo 13 constitucional.

Tal pretensión es una afrenta al legado de Benito Juárez. No solo son un agravio por el restablecimiento del fuero militar, también lo es, por la vuelta al centralismo, alejándonos cada vez más de nuestra esencia constitucional civilista, republicana y federalista. Benito Juárez dejó prescrito que lo mejor para México, para que el pueblo viva en paz, es que el poder militar esté sujeto al poder civil.

En redes podemos encontrar posicionamientos anteriores de quienes aprobaron tales reformas a las leyes, sin antes haber reformado la Constitución, como era lo conducente y me parece que lo expresado por el diputado Gerardo Fernández Noroña el 15 de noviembre de 2018, aplica muy bien para el momento: “Rechazo tajantemente que se continúe con la militarización del país, así ésta sea disfrazada por el compañero presidente electo @lopezobrador.”

Lamentable para el país, para las mexicanas y los mexicanos, que legisladores federales estén echando por la borda tantos años de lucha por las libertades y la democracia, solo porque creen que es patriótico votar a favor de lo que quiere el presidente, dándole continuidad al nefasto presidencialismo del siglo XX, muy al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua, de Jair Bolsonaro en Brasil y desde luego del amigo Andrés Manuel, Donald Trump.

Las libertades y la democracia en México, están en riesgo, y de lo cual, la mayoría de los seguidores de la aún denominada 4T, no se dan cuenta, pues siguen embelesados, creyendo que se está combatiendo la corrupción, a pesar de que no hay un solo corrupto sentenciado. En tanto los muertos siguen aumentando, al igual que los feminicidios, lo que desmiente totalmente que la presencia militar en las calles esté siendo efectiva en materia de seguridad pública. Peor, efectivos militares han sido humillados por seguir la instrucción “superior” de no repeler a los atacantes, mucho menos si estos son integrantes del narco.

Técnicamente no se justifica exponer al ejército en la realización de tareas que no son de su competencia.

Constitucional e históricamente está vedado que los militares dominen al poder civil. Aunque pretendan justificar que estarán bajo el mando del poder Ejecutivo. Tal situación ya la vivió amargamente México durante el siglo XIX.

Hay alternativas no militaristas en materia de seguridad pública.

Veamos y vayamos hacia el futuro. Regresar al pasado no es opción para México.

Por lo pronto, las y los ciudadanos libres de México, deben ver en la Constitución, la mejor arma de defensa frente a los embates del autoritarismo. Hagámosla valer.

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