La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, recordó que el prestigio judicial se basa en el ejemplo, por lo que llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que “haga lo propio” y aborde “las múltiples omisiones que actualmente afectan la resolución de casos prioritarios para la vida pública del país”.
En declaraciones a los medios, la legisladora dio a conocer que valora la posibilidad de ejercer la facultad que le confiere la ley, como representante de la Cámara de Senadores, para exigir a la Corte la resolución pronta y prioritaria de diversos asuntos que han acumulado años de retraso.
Por otra parte, aseguró que la Cámara de Senadores seguirá haciendo lo necesario para lograr los acuerdos que cumplan la resolución de la SCJN sobre los nombramientos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Lo anterior, acotó, porque lo realmente importante es que las y los mexicanos puedan ejercer su derecho a la información plenamente.
La senadora presidenta insistió en que “es importante recordar que el prestigio judicial se basa en la ejemplaridad, y esperamos que la Suprema Corte también haga lo propio para abordar las múltiples omisiones que actualmente afectan la resolución de casos prioritarios para la vida pública del país”.
Refirió que el Poder Judicial también tiene atrasos importantes como la resolución de la Ley de Austeridad Republicana, “porque han esperado tantos años para resolverlo”, así como la resolución sobre quienes no han pagado impuestos durante muchos años, “y que siguen detenidos por la Suprema Corte”.
“Cómo es posible que la Suprema Corte resuelva de manera inmediata dar entrada a una controversia constitucional por el caso de los Libros de Texto y no pueda resolver si Ricardo Salinas Pliego tiene o no tiene que pagar sus impuestos”, aseveró.
Dijo que el Senado tiene la obligación de cumplir con las atribuciones que la Constitución le confiere, entre las cuales se encuentra la designación o ratificación de distintas autoridades. Sin embargo, acotó, el cumplimiento de tales deberes es complejo y no depende de la voluntad de una sola persona ni de una sola fuerza política.
Ana Lilia Rivera recordó que el nombramiento o ratificación de funcionarios, por parte de una Cámara legislativa, constituye, sobre todo, un acto de naturaleza política, que requiere tejer acuerdos, construir argumentos sólidos, convencer al otro de ellos y llegar a decisiones que, más allá del propio juicio, sean en beneficio del país y de sus instituciones.
“En otras palabras: los procesos de nombramiento, ratificación o designación encuentran en la Constitución su asidero jurídico, pero la navegación para concretarlos requiere de la conjunción de múltiples factores: voluntad política, capacidad de negociación y altura de miras para construir consensos entre fuerzas con intereses, ideas y plataformas distintas.
La Corte, agregó, es consciente de esta complejidad, como lo ha evidenciado en numerosas resoluciones relacionadas con acciones del Poder Legislativo Federal y “como Senado de la República estamos comprometidos con dar cumplimiento a las sentencias de la Corte, siempre respetando estrictamente el principio de separación de poderes”.
