Durante el Foro: el ABC de las Designaciones Públicas por el Poder Legislativo, especialistas y diputados locales reflexionaron sobre la responsabilidad que recae en el Congreso del Estado para el buen funcionamiento de las instituciones públicas, pues de sus decisiones dependerán aspectos relacionados con la transparencia, el combate a la corrupción y la certeza institucional.
En su intervención, la diputada, Blanca Águila Lima subrayó que, ante la pérdida de confianza ciudadana hacia las instituciones derivado de la falta de transparencia y discrecionalidad, es necesario replantear las designaciones públicas desde el Poder Legislativo para encontrar elementos que garanticen el principio de certeza.
Sobre el tema, recordó la reciente posición adoptada por la mayoría de diputadas y diputados integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Información Pública y Protección de Datos Personales, quienes determinaron que el inicio del proceso de elección de una persona comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP) se realizara a puerta cerrada, lo que transgredió, dijo, el principio de certeza y transparencia que debe privilegiar en este tipo de actos.
Más aún, con respecto a la elección del sínodo, recalcó que sus integrantes deben ir en línea con lo que establece la convocatoria para la elección de un comisionado o comisionada del IAIP en lo que respecta a ser expertos en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
“Los requisitos de alguien que aspira son el de contar con trayectoria, experiencia, y el conocimiento en la materia, por lo tanto, es exigible que el sínodo que los elija debe contar con esas mismas características”.
En su intervención, el diputado, Juan Manuel Cambrón Soria, ofreció un preámbulo de lo que ha sido la creación de organismos autónomos en los que las designaciones públicas desde el Legislativo han sido determinantes para el desarrollo democrático del país.
Señaló que estos organismos representan una herramienta para la sociedad que les garantiza y defiende sus derechos humanos, por lo tanto, refirió, la responsabilidad del Legislativo es proveer de la arquitectura constitucional que permita que la elección de perfiles públicos sea con la mayor transparencia, legalidad y certeza posible.
“Estos organismos se han convertido en garantes de derechos y han obtenido autonomía para precisamente ser garantes de distintos derechos de las y los ciudadanos y su trascendencia se encuentra precisamente en que contribuyen también a ser un mecanismo de contrapeso al poder”, sostuvo.
